Opinión
Ignacio Camacho. PD

ACOSTUMBRADO a imponerse mediante mitos y marcos mentales falsos, el nacionalismo catalán ha creado ahora la superchería del referéndum pactado; una treta semántica para vencer los escrúpulos de respeto a la ley de los ciudadanos más sensatos.

Una reciente encuesta de «La Vanguardia» constataba una amplia mayoría de partidarios de esta fórmula ficticia con la que los soberanistas pretenden apaciguar a sus sectores moderados.

Una gran parte de la opinión pública catalana se reconcilia consigo misma mediante este espejismo que le permite sentirse cómoda en un presunto diálogo sin que nadie le aclare la incómoda verdad: que esa consulta acordada no es jurídicamente posible y por tanto se trata de un bucle, un embeleco, un engaño.

Porque ni Cataluña tiene derecho a la autodeterminación ni constituye un sujeto político soberano.

Es una noción de parvulario. La Constitución que los catalanes ratificaron con una mayoría del ¡¡91 por 100! dice en su artículo primero que la soberanía reside en el pueblo español y en el segundo que se fundamenta en la unidad indivisible de la nación española.

Por tanto ningún Gobierno puede trocear, aunque quisiera, ese derecho a la identidad común que no pertenece a los territorios sino a los ciudadanos. No ha lugar a ninguna transacción política, ni siquiera basada en una Ley de Claridad, que permita soslayar sin cometer delito flagrante ese principio básico de la arquitectura del Estado.

La reclamación es, pues, una argucia retórica que triunfa porque la propaganda nacionalista ha creado una burbuja psicológica en la que sus premisas tramposas caen como semilla en campo abonado.

Los dirigentes de la Generalitat tienen perfecta consciencia de la inviabilidad de esa petición pero la promueven, como ayer Junqueras ante la vicepresidenta Santamaría, para fomentar el victimismo y rodear a los constitucionalistas de un halo malintencionado.

Ellos son, ante una sociedad anestesiada por la mitología del pueblo cautivo, los pragmáticos pactistas que proponen razonables soluciones negociadas ante un Gobierno intolerante y autoritario.

Sin embargo, tan tosco mantra ha prendido en una comunidad instruida, entre otras cosas por la falta de una pedagogía política capaz de refutarlo. El soberanismo ganó hace tiempo esa partida del pensamiento blando. Nadie ha logrado explicar bien, y sobre todo a tiempo, que las leyes determinan tanto como los votos el funcionamiento del orden democrático.

Y que no se trata de cualquier norma fácilmente modificable sino de la que configura y da sentido al Estado como marco de las libertades de los ciudadanos. Muchas cosas han fallado cuando varios millones de personas de personas de un nivel cultural más que aceptable se consideran portadoras de un privilegio colectivo incompatible con cualquier criterio igualitario. Y quizá sea tarde para desengañarlas sin ponerse antipáticos.