Opinión
Ignacio Camacho. PD

LA Conferencia de Presidentes pertenece a la categoría más inocua de entre los inventos de Zapatero, aquellos que sin servir de gran cosa al menos no hacían daño ni costaban demasiado dinero ni aflojaban los pernos del Estado.

Aunque el propio ZP le perdió pronto el entusiasmo, tendente como era a aburrirse de sus juguetes políticos, trató de crear con ella una grandilocuente carcasa de cooperación a la manera de las naciones federales, pero ni él ni Rajoy se preocuparon nunca de dotarla de mecanismos o de competencias eficaces.

En teoría se supone que la Constitución reserva al Senado esta clase de asuntos pero como esa arquitectura institucional la tenemos pendiente de acabar se va resolviendo con parches y blanqueos de fachada.

En realidad se trata de una mesa petitoria que el Gobierno coordina como y cuando puede, a expensas siempre de la letra pequeña de los acuerdos, y en la que de repente han dado en ausentarse los virreyes de dos autonomías que se consideran rebajados de dignidad si se juntan con el resto de sus colegas.

Esta actitud claramente xenófoba de los representantes de Cataluña y el País Vasco, explícito ninguneo al principio de igualdad, encuentra sin embargo plena justificación en la venia que les conceden, ahora y antes, los sucesivos Gobiernos.

Tanto Puigcercós y Urkullu como sus antecesores han encontrado siempre una vía de interlocución preferente con el Estado incluso en las condiciones más tensas de desencuentro y chantaje.

Más aún; a menudo ha dado la impresión de que mientras más subía la tensión bilateral más fácil resultaba a los extorsionadores obtener un diálogo. Ahora mismo, con la vicepresidenta Soraya dedicada a colmar de cariño al independentismo catalán y el resto del Gobierno volcado en complacer las exigencias presupuestarias del PNV, a ninguno de los líderes soberanistas se les ha perdido nada práctico en una reunión de cuyos principios cooperativos hace mucho que se descolgaron. Atentos siempre a los detalles simbólicos, no quieren parecer en pie de igualdad con los representantes de territorios a los que, disimulen como disimulen, profesan un desdén narcisista y retrógrado.

Sin embargo estaría mal que ese ultraje pasase inadvertido. Los que sí van a asistir en busca de soluciones mayores o menores a sus problemas financieros deberían tener siquiera un gesto de reproche a los que rechazan sentarse con ellos.

Por mucho que el nacionalismo presente su ausencia como un desplante al Estado, ese Estado lo componen otras regiones y sobre todo otros ciudadanos que de ninguna manera merecen verse simbólicamente menospreciados.

Lo que Urkullu y Puigcercós rechazan es el hecho mismo de equipararse con los presidentes de Extremadura o La Rioja, de Valencia o de Asturias; esa España que entienden menor, dependiente y subsidiada. Y que haría bien en no pasar por alto este explícito desaire de superioridad impostada.