¿Qué hacer? Es la pregunta lógica y sigue sin respuesta oficial.
Rajoy dice que no permitirá un referéndum independentista en Cataluña, pero ni el presidente ni la vice, ni ninguno con mando en plaza cita un medida concreta cada vez que Puigdemont, los zarrapastrosos de la CUP y el resto de la cuadrilla aseguran que en mayo o cuando les venga en gana, pondrán urnas para que los catalanes voten si quieren separarse de España.
Gente de peso argumenta que esa falta de concreción es lo correcto, porque no hay que dar pistas y que el Gobierno ha estudiado hasta el mínimo detalle el Artículo 155 y tiene perfectamente planeada la respuesta, pero a mi me entran dudas. Que algo sea ilegal, vaya contra la Constitución o resulte perjudicial, no significa necesariamente que no pueda ocurrir.
Esta panda de enajenados se apresta a repetir, con alguna variante formal, lo que hizo el 9 de noviembre de 2014 y desde el Estado, con la ley y el sentido común en la mano, deberían a estas horas haberles dejado claro el precio que pueden pagar.
No se si recuerdan que el bochornoso 9N, cuando de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña algo más de 1,8 votaron en cajas de cartón a favor de la secesión, sólo hubo una directora de colegio -del medio millar de centros escolares que utilizó la Generalitat- que no cedió las llaves del edificio para que se usara en la consulta.
Dolores Ajenjo, que así se llama la mujer, comentó posteriormente que no pensaba que iba a ser la única en exigir que se le diera la orden por escrito y cuando le pregunté a qué atribuía eso, me dio una respuesta apabullante: «En general se teme más al Departament de la Generalitat que al Gobierno de España».
¿Alguien cree que las cosas seguirían siendo igual si en un asunto como el del referéndum ilegal se aplicasen criterios tan simples y draconianos como los que rigen con el tabaco?
Aquí, en España, por habilitar zonas para fumar en establecimientos donde no esté permitido, emplazar máquinas expendedoras en lugares expresamente prohibidos o vender tabaco con descuento, te puede caer encima una multa de 10.000 euros.
No hace falta meter a nadie en la cárcel o inhabilitar de por vida al infractor, pero bastaría dejar claro que se sancionará al funcionario que se salte la ley a la torera o al director de colegio que se preste al vodevil con una cantidad similar a la que se exige al fumeta díscolo, para que la gente recuperase la cordura.
ALFONSO ROJO
