Iñaki Urdangarin ha sido sentenciado por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública
Hemos perdido el oremus. La expresión tiene su origen en la misa en latín anterior al Concilio Vaticano II y refleja ese momento de estupor que te atenazaba cuando el cura invitaba a la oración y te pillaba pensando en las musarañas e incapaz de cumplir con la liturgia.
Aunque merced a nuestro zarrapastroso sistema de enseñanza ya no hay estudiante capaz de decir de donde viene la frase, todavía queda gente que entiende su significado: «Perder el juicio, la cordura o la idea de lo que se va a hacer o decir».
Y en mi opinión, eso es lo que ha pasado en España. Hay muchos ejemplos y el primero que me viene a la mente es el de las ‘tarjetas black’. La Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de cárcel para Rodrigo Rato y seis años para Miguel Blesa, su predecesor en la presidencia de Caja Madrid, por el uso y la gestión de las dichosas tarjetas opacas.
En su escrito, la Fiscalía acusa a los dos citados y a otros 64 personajes de apropiación indebida. La reacción social oscila entre el entusiasmo de algunos políticos, al aplauso de bastantes periodistas, que hablan de ‘castigo necesario’ o ‘pena ejemplarizante’.
Quizá me hubiera callado y me ahorraría problemas, si hace cinco meses, la Audiencia Provincial de Madrid no hubiera condenado a Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión por homicidio imprudente.
Flores es el avaricioso empresario que vendió más entradas de las que permitía el aforo para una fiesta de Halloween y para ahorrarse pasta montó una fiesta desastrosa «en la que nada funcionó», lo que causó la tragedia del Madrid Arena en 2012, en la que murieron aplastadas en una avalancha cinco jóvenes.
Pues a Flores le han caído 4 años -cinco niñas muertas- y a alguien como Iñaki Urdangarín, para quien pedían casi 20 años de prisión, en un caso en el que actúa como acusación particular una cosa llamada ‘Manos Limpias’, trufada de sinvergüenzas, extorsionadores y chantajistas, le caen seis años de cárcel.
El único consuelo, el clavo ardiente del que alguno todavía podrá agarrarse pensando que hay racionalidad en la Justicia española, es que a el tribunal ha condenado a la acusación popular ejercida por Manos Limpias a satisfacer el 50 por ciento de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada y el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbón y Grecia.Y que Cristina de Borbón ha sido absuelta de los dos delitos fiscales de los que le acusaba el sindicato Manos Limpias, pero se le impone una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros.
Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, también ha resultado absuelta de delitos fiscales, pero deberá responder a título lucrativo de 344.934 euros.
Volviendo al fondo del asunto, no se si es el oremus lo que hemos perdido o es que nos hemos agilipollado irremediablemente, porque en este país y de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal todo lo que se puede sancionar a quien matase a otro de forma imprudente, va del año a los cuatro años de prisión.
Y si el homicidio es doloso y lo apiola con toda intención, lo que le suelen pedir son de diez a quince años en la trena.
En otras palabras, que si un facineroso lanza una botella al alto en la discoteca y desnuca fatalmente a tu hijo pequeño, ni pisa la celda. Pero al caradura que se agenció una cartera de cuero en Loewe, fue a Victoria Secret a comprar lencería picante para una amiguita o se ponía morado de cocochas en los restaurantes con dinero de la Caja, lo enchironan por lo menos un par de años o más. Y al yerno del Rey la mundial, con el apluso de la prensa y el populacho.
No hay proporción. Y para comprobarlo, echen un vistazo a la hemeroteca y comprueban historial, peripecia y sentencias de los criminales etarras.
Nunca me ha chocado que los asesinos sigan satisfechos de sus tropelías. Lo que me dejaba perplejo antes, es que salieran a arroparles miles de vecinos teóricamente ‘normales‘.
Ahora ya ni eso, porque he llegado a la conclusión de que una parte sustancial de la sociedad española, incluidos jueces, políticos, profesores, amas de casa, periodistas y hasta curas, está irremisiblemente extraviada.
Alfonso Rojo
