¿Cómo se puede defender un Estado democrático de quienes lo quieren romper? Pues aplicando la Ley a través de los Tribunales y haciendo cumplir sus sentencias. Es decir, que la democracia debe ser el imperio de la Ley.
No sirven, por tanto, las tretas leguleyas de convocar de palabra un referéndum ilegal.
Si los asesores jurídicos de los sediciosos tuviesen suficiente conocimiento del Derecho, sabrían que en el parágrafo 88 -y anteriores y posteriores- de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 junio de 2009, donde se condena a Herri Batasuna y a sus secuaces, se pone de manifiesto la importancia y consistencia jurídica de las declaraciones orales, incluso omisiones y silencios de los políticos.
Basta acudir a la jurisprudencia europea, tan invocada por los sediciosos, estudiarla y tal vez extraer consecuencias. A partir de ahí, reaccionar ya, en lugar de esperar.
El Estado democrático de España no puede desistir de hacer cumplir la Ley, porque en su defensa está la de los ciudadanos y la de nuestros intereses, que no pueden quedar al arbitrio de políticos insensatos.
