Opinión
Isabel San Sebastián. PD
El «violador del ascensor» no debería volver a ver la luz del sol, si en España rigiese algo parecido a la Justicia

HABLEMOS claro. La excarcelación prematura de Pedro Luis Gallego, apodado «el violador del ascensor» y condenado a 273 años de reclusión por dos asesinatos y dieciocho agresiones sexuales, no era inevitable.

Los crímenes perpetrados contra al menos cuatro mujeres por «el violador de La Paz», el mismo Pedro Luis Gallego, no eran inevitables, como tampoco lo eran los llevados a cabo por otros tres depredadores sexuales liberados tras la derogación de la doctrina Parot.

Todo ese dolor, esa humillación irreparable, ese daño infligido a personas absolutamente inocentes tiene su origen en una decisión política que aunó injusticia e irresponsabilidad con el único fin de satisfacer la exigencia de una banda terrorista y pagar el precio de su «cese definitivo de la violencia». Esa es la triste verdad.

José Luis Rodríguez Zapatero negoció con ETA un acuerdo de «paz» basado en la claudicación y la mentira. Un pacto tan vergonzoso como vergonzante (de ahí los constantes embustes) que incluía la puesta en libertad de los más sanguinarios asesinos de la banda, muchos de ellos condenados a penas centenarias.

A fin de liquidar el mecanismo establecido por la Justicia española para obligar a esas bestias a cumplir cuando menos los treinta años de reclusión fijados como tope máximo en la Ley, el entonces presidente del Gobierno envió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a su fiel escudero, Luis López Guerra, con instrucciones claras:

convencer a sus compañeros togados de que revocaran la mencionada «doctrina».

Y como es habitual en estos casos, los restantes jueces de la corte se atuvieron al criterio fijado por el nacional del país implicado en la causa.

Llegó después al poder el PP e intentó (o fingió intentar) dar la vuelta al veredicto, aunque fracasó en el empeño. Estrasburgo dictaminó que la etarra Inés del Río, firmante del recurso en cuestión, debía ser puesta en la calle.

Ella, y nadie más, de acuerdo con el mandato judicial, similar a otros muchos incumplidos de manera recurrente por varios países de nuestro entorno de intachable trayectoria democrática.

Nosotros estábamos obligados, se nos dijo, a ser más papistas que el mismo Papa. Pero tan «apenados» se sentían el Ejecutivo de Rajoy y la Justicia española con su derrota, tan abrumados unos y otra por la obligación de soltar antes de tiempo a una delincuente de su calaña, que en lugar de soltar a una soltaron a noventa y siete. Y lo hicieron, además, en menos de veinticuatro horas, sin tomarse siquiera la molestia de traducir la sentencia, redactada en francés.

Soltaron a criminales de diversa ralea en comandita, mezclando asesinos terroristas con asesinos violadores, a fin de disimular el pacto de la infamia que motivaba la salida en masa de semejante gentuza.

Por cierto, el entonces presidente de la Sala de la Audiencia Nacional tan diligente en ejecutar tamaña ignominia es, a fecha de hoy, miembro destacado del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PP. Casualidades de la vida...

Pedro Luis Gallego no debería haber salido de la cárcel hasta agotar la última hora del último día de plazo legal. Y como él, Inés del Río, Henri Parot, Uribecheverría Bolinaga (agraciado con dos años de libertad inmerecida en virtud del mismo «proceso») y el resto de alimañas acogidas a la generosidad de un sistema siempre más preocupado del bienestar de los verdugos que de la reparación a las víctimas.

El «violador del ascensor» no debería volver a ver la luz del sol, si en España rigiese algo parecido a la Justicia. Pero la verá. Aquí todo es siempre política, con minúscula.