EA, pues ya le han vendido al «New York Times» la moto averiada del referéndum pactado.
Lo malo no es que se la vendan, sino que el antiguo diario de referencia la ha comprado con esa displicencia arrogante con que cierta intelectualidad norteamericana trata los asuntos de países lejanos.
Y se pone estupendo al predicar contra la «interpretación restrictiva judicial de la Constitución», ley que tal vez el sesudo editorialista no se haya tomado la molestia de mirar siquiera en la Wikipedia para que la realidad no le estropee el comentario.
Porque una consulta de autodeterminación no se puede pactar en el marco constitucional vigente, lo diga el NYT o «El Progreso de Lugo».
No cabe, miren ustedes, en el artículo Primero ni en el Segundo. Artículo Primero: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Artículo Segundo: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Nación española, indisoluble, indivisible.
¿Lo pillan? Eso es lo que escribieron nuestros aunque no se llamasen Madison ni Jefferson. Parece que los modestos constituyentes hispánicos tenían algo de empeño en enfatizar estos conceptos.
Pero suponga por un momento el redactor del NYT que el Gobierno de España decidiese seguir su consejo y pasarse por el forro -¿podría hacerlo un tal Trump?- los principios básicos de la Carta Magna.
Se organiza el referéndum sobre la independencia para que se pronuncie en exclusiva no la nación española sino la población catalana. Y lo pierden los secesionistas, como pronostica la prestigiosa cabecera, con mayoría más o menos clara. ¿Cuánto tiempo cree el editorialista neoyorkino que tardarían en pedir la revancha?
¿Dos años? ¿Cinco? ¿Diez o los que demorasen en obtener masa crítica suficiente para reclamar otra consulta en condiciones de ganarla? Porque el derecho de autodeterminación -que en referencia al ámbito interno sólo reconocen dos constituciones en el planeta: las de Etiopía y Sudán-, no es fácil de revocar después de haberlo reconocido en la práctica.
Ignora también la o lo parece, que el máximo intérprete de la Constitución Española es el Tribunal Constitucional, como en Estados Unidos lo es la Corte Suprema. ¿Puede el Gobierno americano «negociar de buena fe una solución política» contraria a la doctrina que los nueve jueces de SCOTUS fijan en sus sentencias?
¿Está el «Times» a favor de la separación de poderes o considera que el ejecutivo puede desobedecer al judicial cuando convenga? Da la impresión de que alguien, desde el nacionalismo o la progresía tercerista, le ha ganado al Gabinete de Rajoy una mano en la partida de la influencia.
Que han pillado a nuestra diplomacia con la guardia baja y han colado una de manual -lo que en sí misma es una triste noticia- en el templo sagrado de la prensa.
