SI alguna vez lo tuvo, Carles Puigdemont ha perdido por completo el control del golpe de Estado que se pretende consumar desde el Gobierno autonómico en Cataluña.
Ni el presidente de la Generalitat ni su partido, barrido de las encuestas por el empuje del independentismo republicano, ejercen ya liderazgo alguno en un proceso cuyas riendas sujeta con fuerza creciente la CUP, decidida a utilizar esa baza para convertir en realidad su proyecto de crear un enclave territorial extraeuropeo y extrademocrático coherente con su ideología de extrema izquierda radical.
Una especie de Albania mediterránea anclada en lo peor del estalinismo. Era de prever. Cuando uno cabalga un tigre en pos de un delirio falsario, las posibilidades de salir con bien se reducen a ninguna.
La extinta CiU, antaño hegemónica en su feudo, hoy reconvertida en un menguante PdCat tan débil como irrelevante, echó a rodar esta bola de nieve con el propósito evidente de envolverse en la bandera de la secesión y tapar con ella las hediondas vergüenzas resultantes de treinta años de gestión corrupta plagados de comisiones fraudulentas, extorsión, bolsas de dinero en Andorra y mentiras sobre el presunto saqueo de las arcas públicas perpetrado por la pérfida España.
Las vergüenzas siguen al aire, porque no hay Senyera capaz de cubrirlas, pero la bola ha engordado hasta convertirse en avalancha de efectos devastadores.
Ha terminado con cualquier vestigio de moderación política, se ha llevado por delante el respeto a la Constitución, el ordenamiento jurídico; esto es, las reglas de juego vigentes, y hasta el concepto mismo de legalidad, a tenor de las barbaridades contenidas en los «precedentes» y presuntas bases legales anunciados como sustento para el referéndum convocado el día 1 de octubre. Ha demediado la sociedad catalana con un grado de encono semejante al de los Años de Plomo en el País Vasco, sin precedentes en esa latitud, y lastra muy seriamente la economía de la región.
Los únicos beneficiarios de la correría son los antisistema cuperos, que ni en sus mejores sueños habrían imaginado ostentar semejante poder, y sus primos hermanos de Podemos, encantados de preconizar la voladura del principio de soberanía que sirve de base a nuestra Carta Magna como paso previo a la destrucción de todo el edificio democrático. ¡Gran jugada, sí señores!
Ante este estado de cosas, el Partido Socialista, lejos de escuchar la voz de Felipe González, cuya sensatez resonó ayer con vigor en el foro de ex presidentes organizado por ABC, opta por «el diálogo».
Así, sin concreción ni contenido. «Hay que dialogar», repite machaconamente Pedro Sánchez, a rebufo de Zapatero, como si la palabra pudiese, por sí misma, obrar el milagro de amansar a la fiera. Como si definiera un camino y no una mera herramienta.
Como si el voluntarismo no se hubiese revelado igual de inútil en este trance que el apaciguamiento estéril. Porque dialogar y apaciguar es lo que ha venido haciendo el Ejecutivo español desde que empezó el desafío, invirtiendo en ello miles de millones de euros procedentes de nuestros bolsillos y de la deuda que pagarán, si es que pueden, nuestros nietos.
Dialogar y apaciguar sin otro resultado que recibir bofetadas. Ahora el Tribunal Constitucional invalida las partidas presupuestarias habilitadas por el Parlament para perpetrar el golpe y Mariano Rajoy nos invita a estar tranquilos porque el Estado de Derecho prevalecerá frente a los golpistas.
No es la contundencia de José María Aznar, aunque sí algo más que el silencio acostumbrado. Sólo queda por saber cómo y cuándo se pondrán los medios para ganar de una vez esta batalla, de la que podríamos acabar desistiendo por aburrimiento.
