Restan exactamente 75 días para ese 1-O, que Puigdemont, Junqueras y sus compinches han marcado con rojo en el calendario, con la intención de iniciar en Cataluña una deriva similar a las efectuadas por Kosovo o la Krajina croata.
Escuchándoles y les confieso que me resulta cansino, uno diría que todo se va a dirimir, a cara o cruz, en esa fecha. Es un craso error.
Primero, porque antes de la ‘efeméride’ y en el camino hacia su referéndum ilegal, los independentistas catalanes tendrán que solventar algunos trámites y ninguno exento de peligros.
El primero, este martes, es la compra de urnas. Como el concurso público quedó desierto, tras recibir las compañías que inicialmente se postularon para fabricarlas una discreta llamada de la Guardia Civil y enterarse de que Hacienda no iba a hacer la vista gorda, el Govern catalán ha optado por la adjudicación ‘directa’.
En otras palabras, a falta de empresarios locales con suficiente espíritu de sacrificio como para asumir el riesgo de no cobrar y encima verse empapelados, Puigdemont y compañía van a recurrir a los chinos.
Sea cual sea el precio de las cajas y al margen de la nacionalidad del suministrador, la adquisición de las urnas es ese salto de las palabras a los hechos que, según subraya desde hace meses Mariano Rajoy y repiten sus ministros, acarrea consecuencias legales.
Facilitaría mucho las cosas que Pedro Sánchez entendiera a España como un todo y dejase de mirar el viejo e irresoluble embrollo que afrontamos en Cataluña como su oportunidad para montar una alianza con el nacionalismo, y aislar al PP, al estilo de lo que impulsó Zapatero en 2003 con el Pacto del Tinell, pero tenemos el PSOE que tenemos y no nos queda otra que conformarnos.
En cualquier caso, la ocasión la pintan calva y el que la compra se efectúe como un acuerdo colegiado de todos los consejeros, facilita las cosas.
No hay que señalar a nadie, ni individualizar. Tampoco conformarse con que la Fiscalía se querelle contra el grupo por prevaricación, desobediencia y malversación.
Hay que tirar del repertorio y sancionar ‘ipso facto’ a todos y cada uno de los conjurados con un multazo de aquí te espero y abrir los preceptivos expedientes de inhabilitación.
Por burofax y sin alharacas, declaraciones altisonantes o grandes amenazas. Si se hace bien y da la impresión de que Rajoy, por talante, experiencia, tono y estilo lo puede hacer, los dos meses y medio escasos que quedan hasta el 1-O serán bastante más llevaderos para los españoles y el día de marras, aunque habrá jaleo, se difuminará en la Historia por irrelevante.
ALFONSO ROJO
