En Cataluña, el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho avanza inexorablemente, mientras el Gobierno central espera detener el proceso con alguna carambola kafkiana, que nadie conoce y todos ignoran.
Quienes en Cataluña quieren cumplir la ley o muestran su temor a desacatarla son cesados fulminantemente. O bien se van antes de que los echen, como ayer hizo el máximo responsable de la policía autonómica, Albert Batlle. Su abandono es muy significativo.
Se marcha asustado, argumentando sin rodeos «motivos políticos». Asistimos a un golpe de Estado en toda regla, con un organismo, la Generalitat, que fantasea con una constitución propia y un país independiente, en un claro delito contra el Estado, su integridad y su legalidad. Mientras, en La Moncloa, parecen tener miedo a utilizar todos los resortes del Derecho para defender a los ciudadanos de quienes nos quieren agredir.
La unidad en algo tan esencial tampoco acompaña a la clase política: en un momento de emergencia nacional, Sánchez merendó ayer con el partido comunista pro separatista, Podemos.
