Porque cada privilegio que obtengan servirá para avanzar hacia la independencia de facto
LA negación está mal vista en la sociedad permisiva, la de las éticas indoloras y la cultura de la complacencia.
Decir que no tiene mala prensa; no es guay, suena a autoritarismo, a severidad, a intransigencia (Pedro Insua: «PDeCAT, CUP y ERC deberían ilegalizarse, como pasaría en Alemania o Portugal»).
El pensamiento débil, el que exalta el tópico de que todas las opiniones son respetables, sacraliza la simpatía, la afabilidad, la tolerancia y la delicadeza, virtudes todas ellas edificantes y deseables pero no incompatibles con un cierto grado de energía y de fuerza.
La política se ha convertido, al pairo de esta corriente benévola, en una especie de industria de la satisfacción en la que hay que darle la razón al cliente aunque no la tenga.
En el conflicto de secesión de Cataluña, muchos espíritus biempensantes consideran que es menester ofrecer una alternativa a la defensa de la razón del Derecho, base del Estado democrático.
Que hay que aplacar la desbordada reivindicación soberanista ofreciendo algo a cambio: una reforma de la Constitución, franquicias financieras, más autogobierno, incluso un referéndum pactado.
Dialogar con quienes se han cerrado al diálogo, amañar un empate para que del envite no salgan vencedores y derrotados. Volver, en suma, a renunciar a la simetría de la ley y ceder ante la provocación, la mentira y el chantaje arbitrario.
Nadie lo hará, ni siquiera el Gobierno para no parecer antipático, pero frente a estos apóstoles del buen rollito es hora de oponer un no tajante y claro (Alfonso Rojo: «La tortilla de patata no es lo único que nos queda en España con huevos»).
Nada que negociar porque nada se va a arreglar negociando. Porque en cada concesión los separatistas sólo van a ver debilidad, mala conciencia, talante acobardado.
Porque cada privilegio que obtengan servirá para avanzar hacia la independencia de facto. Porque esta vez han ido demasiado lejos, porque ya no son de fiar y porque la deslealtad sistemática no se premia con ningún trato. Porque han roto demasiados platos y no va a ser la cohesión de España la que tenga que pagarlos.
A la reclamación supremacista hay que responder con un no explícito, justo, categórico y necesario. Derechos, los que les correspondan como a todos en el marco constitucional y ni uno más; en una democracia no se secesionan los ricos de los pobres, ni los guapos de los feos ni los altos de los bajos.
No al estatus de nación, no a las prerrogativas fiscales, no al confederalismo desigualitario. No a la autodeterminación, no a la ruptura de la solidaridad interterritorial, no al ficticio sujeto político soberano.
No ahora y no después. No es no, mira por dónde. No al desafío, no al trato de favor, no al capricho, no al lloriqueo, no al victimismo.
España no es una comunidad de territorios sino de ciudadanos libres e iguales; no es un modelo a la carta sino un proyecto compartido en el que no caben egoísmos.
Y como ha dicho el expresidente andaluz Rafael Escuredo, si los nacionalistas no están cómodos en él que se compren un tresillo.
La pelea de Cake contra los Mossos por permitir ilegalidades independentistas
