Opinión
Antonio Sánchez Cervera.

Puigdemont solicitó a la Mesa del Parlamento de Cataluña comparecer el martes 10 de octubre en sesión plenaria para informar sobre la situación política actual, sin aludir específicamente a una posible declaración de independencia.

Primera Conclusión: Puigdemont no menciona declaración de independencia alguna.

En la fecha indicada, el Presidente de la Generalidad pronunció un discurso en el que se refería a la Ley de Referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña con respecto de España, Ley que había sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Dicha norma autonómica, establecía que, dos días después de la proclamación oficial de los resultados, y en caso de que el número de votos del sí haya sido superior al número de votos del no, el Parlamento celebraría una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente.

Así pues, Puigdemont partía en su alegato parlamentario de una norma que no estaba en vigor, por lo que y desde un punto de vista jurídico y de derecho constitucional, no era válida, no podía ser aplicada. Al mismo tiempo, se basaba en unos resultados de un referéndum que había sido declarado ilegal, por lo que se hacían y eran inexistentes.


Segunda Conclusión: Puigdemont carece de base normativa (Ley de Referéndum) y de la existencia de un procedimiento jurídico para tomar decisiones (Referéndum).

A partir de esa invalidez jurídico-constitucional y de la inexistencia de unos resultados, el Presidente manifiesta que, como tal Presidente de la Generalidad:

"asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república"

Advirtamos, que él asume personalmente como Presidente de la Generalidad de Cataluña un mandato del pueblo, es decir, toma para sí un asunto, una responsabilidad, que no rechaza ni elude. Obviamente, como tal Presidente, ostenta la más alta representación de la Generalidad y la ordinaria del Estado de la Comunidad Autónoma.

En política, el termino mandato se refiere precisamente a un mandato, una autoridad que se confiere a alguien a través del sufragio para que actúe como representante, es decir, se le da o tiene un mandato legítimo, es una idea central de la democracia representativa.

Tercera Conclusión: Puigdemont no puede asumir como Presidente de la Generalidad un mandato, una autoridad para que Cataluña se convierta en un estado independiente, por cuanto no se le ha conferido tal mandato ni por una Ley de Referéndum sin vigencia ni por un Referéndum que legalmente no ha llegado a existir.

Cuarta Conclusión: Puigdemeont, sibilinamente, ni siquiera llega a proponer al Parlamento la declaración de independencia, lo que sí hace, retórica y rocambolescamente, inmediatamente después al plantear la suspensión de dicha declaración. Es decir, asume algo para lo que no se le ha dado ni tiene autoridad, por lo que dicha asunción solo podemos interpretarla en términos políticos de vaciedad.

Quinta Conclusión: Puigdemont no puede proponer suspender lo que no ha existido.

Sexta Conclusión: Puigdemont, en la sesión parlamentaria de marras, no ha declarado la independencia de Cataluña. Simplemente, utilizando un laberinto de vocablos interconectados ha querido dar la apariencia formal de que declaraba tal independencia.

Por lo que se refiere a esos folios de constitución escrita, firmados a título individual por unos representantes parlamentarios que no ejercían en su condición de tales, tienen la misma validez, esto es, ninguna, que si su contenido hubiera sido firmar la compra de la Luna.