¿CÓMO es posible que en España, un país desarrollado, los medios de comunicación no se dediquen desde hace días a otra cosa que a debatir si un supuesto delincuente fugado, con cargos que pueden suponerle 30 años de prisión, va a ser o no el próximo presidente del gobierno de una de sus principales regiones?
¿Cómo es posible que el ministro del Interior explique que un cuerpo policial regional está todo él implicado en un acto generalizado de desacato, siendo un cuerpo armado, de rebelión, el pasado 1 de octubre y todos los miembros sigan armados y en funciones?
¿Cómo es posible que los partidos separatistas ignoren el mensaje -ya meridianamente claro por las medidas judiciales- de que la ruptura de España y por tanto la independencia de Cataluña es imposible de forma pacífica?
Todo ello es posible porque en la política del gobierno de España hacia los separatistas no ha cambiado nada. Todo lo que realmente ha cambiado se debe unos cuantos jueces que han cumplido con su deber.
Ante la sorpresa de los enemigos de España y de muchos que supuestamente están en la otra trinchera. Muchos sorprendidos por la actitud de los jueces disimulan. Los que han colaborado con los separatistas durante los últimos cinco años en busca de unos acuerdos que a ellos convinieran. Han jugado con el dinero y la seguridad de los españoles, con los medios del monopolio de información y publicidad y a la postre han jugado con la supervivencia de la nación.
Han hecho peligrar con irresponsables operaciones de ventajismo político y trampas para pactar las permanencias en el poder, la propia y la de los enemigos de España. La agenda enloquecida del separatismo precipitado era imposible. La pararon los jueces. Ahora les urge reconducir todo. La reacción de los españoles en las calles y en sus balcones les asusta.
Un despertar de la nación que se articulara políticamente sería letal para sus intereses. Una reacción nacional de las clases medias saqueadas no sería un juvenil 15-M y sí podría suponer el fin para partidos, redes y santones corruptos hasta ahora intocables, para las estructuras parasitarias autonómicas y para las aventuras anticonstitucionales. La mera idea los hace temblar.
En ese contexto nada más lógico que un artículo de Juan Luis Cebrián. Como el que publicó el 18 de mayo de 2001 titulado «El discurso del método».
Entonces logró enterrar el proyecto constitucionalista de PP y PSOE que había rozado la victoria en las elecciones vascas. Y encarriló a la izquierda hacia el pacto con los nacionalismos y con ETA en Cataluña y País Vasco. Zapatero lo consumó y derivó hacia el separatismo golpista y el surgimiento del Podemos comunista.
Pocos artículos han hecho más daño a España. Cebrián vuelve con otro igual de tóxico y se supone que también este con apoyos en el poder. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que impuso la supervivencia de «El País» y del propio Cebrián a acreedores, a accionistas y al mercado, podría tener que ver con ello.
En su nuevo artículo dice que el peligro real para España está, agárrense, en el centralismo. Que es necesario reformar la Constitución de inmediato. Se supone que antes de que la nación española pueda defenderla. También para dar a todas las autonomías el derecho de autodeterminación.
No se rían, porque va en serio. Cierto que Cebrián no es ya lo que era. Pero no está solo en su fervor por salvar de la derrota a los enemigos de España. Porque son los aliados necesarios que les garantizan la supervivencia del inmenso negociado.
