EEl Gobierno otorga a los acontecimientos de los últimos días la máxima trascendencia. «La salvaguarda de la ley era el objetivo y se ha cumplido», en expresión repetida por varios ministros.
Todos ellos insisten en la obligación que tenía el Estado de «defenderse» frente a los intentos de quebrar la integridad democrática y liquidar la legalidad atentando contra el interés general.
El freno a la investidura de Carles Puigdemont, un candidato fuera de la ley, fue un movimiento arriesgado -ni siquiera niegan este extremo-, pero evitó «una burla más a la democracia».
Ello resultó posible gracias al recurso «preventivo» presentado por el Ejecutivo (anticipándose a las maniobras de los secesionistas) y a las medidas cautelares del Tribunal Constitucional.
Las fuentes consultadas destacan el hecho de que Mariano Rajoy tomase claramente la iniciativa y contase de nuevo con el apoyo cerrado de Pedro Sánchez. A los pasos, coordinados, entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE se les sigue otorgando la máxima trascendencia en La Moncloa.
Es más, Sánchez había trasladado en varias ocasiones a Rajoy, en sus frecuentes contactos, la necesidad de salir del bucle de «la acción-reacción» para evitar ir a rebufo de los desafíos secesionistas, especialmente de las provocaciones de Puigdemont.
De hecho, la mesa del Parlamento de Cataluña puede ser imputada si ignora al Alto Tribunal, y sobre los diputados con causas abiertas ante la Justicia pende la vuelta a prisión por reiteración delictiva en caso de que participen en un pleno ilegal.
Por cierto, deberían tomar buena nota algunos «compañeros» de las alturas del PP, subidos a la ola de críticas tras los recelos del Consejo de Estado y volcados solamente en pasar factura a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El giro al guión lo completó el propio ex presidente de la Generalidad de Cataluña.
«Esto se ha terminado» (en referencia a la puntilla dada al procés), «Los nuestros nos han sacrificado» o «El plan de La Moncloa triunfó», dejó escrito el fugado al ex conseller y amigo Toni Comín, en un auténtico baño de realismo.
La difusión de los mensajes ha llegado a ser considerada por fieles a Puigdemont como «guerra sucia», enarbolando toda suerte de sugerentes teorías conspirativas. Me consta, por fuentes bien informadas, que Rajoy tuvo conocimiento de las confesiones del otrora Molt Honorable por una llamada de teléfono del presidente de Telecinco, Paolo Vasile, unos minutos antes de su emisión.
Y aun así, Sáenz de Santamaría, ya con un pie en Valencia, retrasó ofrecer una opinión a la espera de obtener la confirmación definitiva de su autoría.
La cuestión ahora es salir del limbo. A los secesionistas les toca entrar en razón definitivamente y presentar lo que Mariano Rajoy define como «un candidato limpio» y Pedro Sánchez como «un aspirante viable», es decir, sin causas pendientes en los tribunales. Sólo así podrá irse caminando hacia la normalidad.
El Estado, con la sartén por el mango, sigue sin embargo estudiando todos los posibles escenarios.
Las negociaciones entre los soberanistas avanzan, con el intento entre bambalinas de cargar sobre las espaldas de ERC el coste de la no investidura de Carles Puigdemont, el reparto al 50% de las distintas consejerías o una pelea de los republicanos por desgajar la portavocía de la cartera de Presidencia, etc., etc.
La prioridad para Cataluña debe ser un gobierno estable para que pueda levantarse el 155. Toca ya empezar a superar los muchos obstáculos que quedan pendientes en el camino. En nombre de la gente real y normal, aquella que respeta las leyes que amparan a todos los catalanes.
