Opinión
Los diputados de ERC Joan Tarda (i) y Gabriel Rufian. EF

EN puridad, esta columna debería titularse «cobrar por el acta», aunque en aras de la claridad he utilizado la expresión coloquial de uso común.

Cobrar por la cara, o por el acta, es lo que hacen decenas de electos generosamente retribuidos con cargo a nuestros impuestos por hacer nada.

Llevárselo crudo sin otro requisito que haber salido elegidos diputados en una lista cerrada y bloqueada por el partido político al que pertenecen.

Ignorar las obligaciones propias de un parlamentario, ya de por sí escasas, pero ver ingresada la nómina, puntual y religiosamente, catorce veces al año. Echarle jeta a la vida en nombre de la democracia.

El absentismo en nuestras instituciones no es de hoy. Constituye una patología crónica del sistema, que ninguna mayoría, fuese cual fuese su color, ha combatido jamás con un mínimo de rigor.

Hace ya varios lustros este periódico decidió incluir en sus páginas una sección semanal muy celebrada, titulada «pellas en el Congreso», que publicaba los nombres de los campeones en hacer novillos con el fin de, cuando menos, sacarles los colores ante sus votantes. Vano empeño. Pasan los años, cambian los rostros, pero la imagen del hemiciclo vacío sigue siendo lo habitual. Y a sus señorías «faltonas» la ausencia les sale gratis.

De acuerdo con la costumbre actual, son los propios grupos parlamentarios quienes tienen la potestad (no confundir con obligación) de sancionar a los díscolos. Lo cual es tanto como dar carta blanca a esta «ejemplar» conducta.

  • Primero, porque los parlamentarios no adscritos a grupo alguno carecen de control.
  • Segundo, porque los responsables de cada grupo suelen mostrarse extremadamente tolerantes con las ausencias, siempre que éstas no impliquen perder una votación importante.
  • Tercero, porque cuando se trata de un boicot promovido por uno o varios partidos, como ocurre ahora con los separatistas de Ezquerra Republicana y PDeCAT, éstos no solo no aplican sanciones, sino que incitan a sus miembros a faltar a su deber, mientras se embolsan las subvenciones que pagamos los españoles a escote. Si esto no es hacer mofa, befa y escarnio del esquilmado contribuyente, que venga Dios y lo vea.

El caso del Parlamento de Cataluña merece punto y aparte. Allí todo está parado, a expensas de un prófugo de la justicia con despacho abierto en Bruselas, que sigue percibiendo su salario como diputado de una cámara en la que nadie mueve un dedo. Ni una sesión han celebrado.

Ni una votación ha tenido lugar allí. Ni un palo al agua han pegado. Eso sí, desde que recogieron sus actas, personalmente o por delegación, no han dejado de cobrar sus sueldos y probablemente alguna dieta. ¡Barra libre! Se dirán. Pagan los idiotas de siempre.

Le invito a usted, querido lector, a preguntarse qué le ocurriría si decidiera expresar su disconformidad con la empresa para la que trabaja ausentándose de su puesto sin el correspondiente justificante médico.

Sería de gran interés, también, inquirir entre los millones de autónomos que madrugan cada día para sostener este país, sin derecho a vacaciones retribuidas ni siquiera a bajas por enfermedad, qué les parece esta tolerancia extrema con las pellas de sus señorías.

Ciudadanos ha presentado una proposición en las Cortes para que les sean retirados salario y subvenciones a los separatistas catalanes declarados en rebeldía. A mi entender, se quedan cortos.

Lo que España pide a gritos es que cesen los privilegios de estos presuntos representantes tan poco representativos.

Cualquier hijo de vecino se queda sin sueldo y sin empleo si se ausenta reiteradamente de su puesto sin una causa que lo justifique ¿verdad? Pues ellos también. ¡A dar ejemplo!