OH sorpresa. España se despertó ayer perpleja ante un inesperado descubrimiento. Resulta que las sentencias sobre la enseñanza del español en Cataluña se incumplen sistemáticamente.
Resulta que estudiar en uno de los dos idiomas oficiales allí, que además es el más hablado en la región, es imposible de facto porque los nacionalistas no tienen a bien cumplir la ley (burla apoyada por el PSC, pues a nacionalista no le van a ganar a Iceta, o antes a los hermanos Maragall).
Resulta que descubrimos que los sucesivos inquilinos de La Moncloa se encogieron de hombros mientras el español era marginado; se inhibieron olímpicamente ante la tenaz vulneración de la legalidad en las escuelas catalanas (incluido, por supuesto, Aznar, hoy pródigo en clases magistrales).
Tampoco el aparato judicial se movilizó con la diligencia debida ante un flagrante incumplimiento, que sirvió además para convertir las escuelas en fábricas de independentistas.
Un Estado entreguista y acomplejado. Reconozcámoslo, hasta que llegó el golpe del 1-O imperaba de facto un execrable principio: a los nacionalistas catalanes ni tocarlos aunque pisoteen las normas; toca poner la legalidad en barbecho, prudencia, hay que evitar el «choque de trenes».
Cuando se cede toda la cancha al adversario solo ocurre una cosa: pierdes. Así se fue escribiendo la historia del españolismo en Cataluña.
Ahora el Gobierno, agobiado por la crecida de Ciudadanos, asoma la patita: aprovechando el 155, tal vez aplique por fin la ley. Dicen que intentarán que quienes lo soliciten puedan recibir un 25% de las clases en castellano (a esa magra porción la llama el Gobierno convertir el español en «lengua vehicular»).
La iniciativa no hace más que reponer la ley.
Es lo mínimo. Pero aun así el ministro portavoz la presentó ayer de manera confusa y reconociendo que todavía «está en estudio» cómo reinstaurar la legalidad. Si finalmente lo hacen tendrán enfrente al PSOE, siempre pusilánime ante el nacionalismo -así le va en las urnas-, y a Podemos, chamuscado también por tontear con el separatismo.
Apena que una persona capaz como el ministro Méndez de Vigo no se atreva a hacer un discurso político más valeroso, cuestionando abiertamente la idoneidad filosófica del modelo de inmersión nacionalista -que en realidad consiste en acogotar el español-, que no ose a decir en claro lo que tantísimos españoles pensamos: que es un disparate que en una región de España no se puedan estudiar la mayoría de las asignaturas en una lengua oficial del Estado, la de mayor uso allí.
No hay país desarrollado del planeta que admita tal aberración. Hacer política es creer en tus ideas, tratar de convencer, postular tus principios con orgullo. No basta con quedarse en la exposición burocrática de los recovecos de las leyes, que por supuesto hay que respetar.
Los periodistas de medios catalanes que cubren los actos del Gobierno defendían este 16 de febrero de 2018 el modelo lingüístico del nacionalismo con una convicción que se echaba en falta en los representantes del Ejecutivo, agarrotados a la hora de apoyar al español.
El PP se pregunta por qué se le fugan votos. A veces no es difícil de entender.
