Los nacionalistas radicales buscan cualquier pretexto para plantear un desafío a la españolidad de Cataluña. Después del fracaso estruendoso de las consultas independentistas, llega el turno de debatir en el Parlamento autonómico sobre la tramitación de una ley antitaurina, contraria a la realidad social y a la tradición histórica.

La tauromaquia es un arte de alcance no sólo español, sino de carácter universal, como dijo el torero francés Sebastián Castella al recibir el premio ABC-Vicente Zabala.

De hecho, más de 130 políticos del país vecino -entre ellos alcaldes, diputados o senadores- han hecho llegar a la Cámara una cerrada defensa de la Fiesta frente a la intromisión del poder público en la voluntad de los ciudadanos.

Sin embargo, algunos partidos catalanes actúan una vez más de forma ambigua, dejando libertad de voto a sus diputados ante las enmiendas a la totalidad que podrían frenar en su origen la iniciativa legislativa popular contra las corridas, promovida por sectores radicales.

La Fiesta es un patrimonio cultural inmaterial, expresión de una forma de ser que conjuga el arte con el riesgo.

Ha merecido desde siempre la atención de los más destacados escritores, pintores e intelectuales de todo tipo.

La prohibición sería también un disparate en términos socioeconómicos, si se considera el éxito de los espectáculos taurinos en la Monumental de Barcelona, con señalado protagonismo en los últimos tiempos a cargo de José Tomás y la presencia de personalidades relevantes en la sociedad catalana.

Tampoco tiene sentido invocar la protección de los animales, un argumento fuera de contexto que sólo pretende envolver el discurso nacionalista bajo una apariencia respetable.

Lo único razonable es que los diputados del PSC y de CiU atiendan el deseo de una gran mayoría social en favor del respeto a la tradición y a la libertad individual.

Así lo han hecho ya los representantes del PP y de Ciudadanos, mientras que los socios de José Montilla en el tripartito amparan un texto inaceptable.

El caso es que todo vale con tal de aparentar una inexistente identidad exclusiva, ajena y contrapuesta al resto de los españoles.

Francia puede servir de modelo para los sectores más dinámicos de la sociedad catalana, que deberían exigir a los políticos que, al menos por una vez, actúen en sintonía con la opinión pública.

De lo contrario, sólo los radicales sacarán provecho de un nuevo desafío absurdo y fuera de lugar.