MADRID, 22 (OTR/PRESS)

Nunca ha sido Televisión Española un ejemplo de convivencia, no por culpa de los profesionales de la información que trabajan en esa casa, sino por parte de quienes pretenden desde los poderes políticos, económicos y sociales controlar algo tan esencial en una democracia como es la libertad de información. De ahí la sorpresa que ha causado en el sector la decisión tomada en la tarde de ayer por el Consejo de RTVE -a iniciativa de los representantes del PP y de CIU, y con la llamativa abstención del PSOE- que permite el acceso de todos los consejeros a la elaboración de la información que se ofrece en los telediarios.

Sólo quienes trabajamos en los medios, escritos o audiovisuales, sabemos la trascendencia de una decisión de ese tipo, de ahí que se hayan encendido todas las alarmas, hasta el punto de que el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, se haya planteado una posible reclamación judicial por lo que considera un ataque a la libertad de información. Un golpe bajo, diría yo, en la línea de flotación de unos medios que han demostrado que se pueden hacer unos informativos muy dignos -premiados por los espectadores de todas las ideologías con altos índices de audiencia-, pese a las críticas y amenazas a alguna presentadora que se ha limitado a hacer su trabajo con rigurosidad e independencia.

Lo dramático de este asunto no es que los consejeros de tal o cual partido hayan intentado supervisar o censurar el trabajo de los profesionales de la radio y televisión pública, lo verdaderamente dramático -aunque los consejeros del PP hayan rectificado después-, es que veamos como normal lo que es un atentado contra uno de los pilares de nuestra Constitución.