El actual escenario de la televisión en España revela elementos que pueden ser regresivos no sólo para el desarrollo de la libertad de la información en una sociedad necesitada de un verdadero debate de ideas y de un pluralismo informativo real, sino para la existencia de un mercado televisivo saneado y operativo.

Este viernes, 13 de julio de 2012, la Comisión Nacional de la Competencia autorizó con condiciones la absorción por parte de Antena 3 de La Sexta.

Con ello, se culmina el circular camino emprendido por el Gobierno socialista mediante la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.

Ese fomento del pluralismo informativo llevó a la conversión de Canal+ en abierto, creándose La Cuatro, y a la aparición de La Sexta, que competirían con las televisiones privadas existentes -Antena 3 y Telecinco- y con los proyectos digitales de Veo Televisión y Net TV, que carecían entonces de capacidad analógica para emitir.

Seis años después y también por impulso del Gobierno socialista (a través de la Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones y de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual) concluye un proceso que deshace el pluralismo creado y que determina la de reconcentración del sector de la televisión en dos grandes estructuras televisivas que controlan la contratación publicitaria, se benefician del déficit generado a RTVE como consecuencia de haber impedido a esta financiarse a través de la publicidad y relegan a sus competidoras a un ámbito marginal.

Se ha cerrado en falso el régimen de financiación de RTVE y su pretendida garantía de objetividad informativa.

Todo el rendimiento publicitario que aliviaba el déficit público ha acrecido a las dos grandes estructuras televisivas que copan el mercado nacional.

Ello se traduce en un mayor déficit efectivo de la televisión pública que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o, lo que es lo mismo, a la carga fiscal que padecen todos los españoles.

Este modelo de televisión pública que no era siquiera sostenible en un periodo de bonanza económica, en época de crisis deviene insoportable.

La tradicional exigencia del sector de la televisión privada de la desaparición de la publicidad en la televisión pública ha determinado un escenario todavía peor.

Peor que un monopolio público (que al menos tiene cobertura en el artículo 128.2 de la Constitución) es un duopolio privado (contrario al principio de libertad de empresa que el artículo 38 de la Constitución consagra).

Es sabido que la suma de los dos grandes grupos televisivos copa prácticamente el 90% de la publicidad en televisión, lo que dificulta sobremanera el acceso a la publicidad a las televisiones pequeñas que concurren en el ámbito nacional (las señales de VEO Televisión y Net TV).