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Marcha atrás en lo más importante y necesario de la LOMCE

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La Enseñanza está en peligro en España

La intención del ministro de educación es dejar que sean la comunidades autónomas las que diseñen, pasen y corrijan las evaluaciones finales de la ESO

Antonio Jimeno, 12 de mayo de 2016 a las 09:24
Tres noticias muy preocupantes sobre el futuro de nuestro sistema educativo

Recientemente han aparecido tres noticias muy preocupantes sobre el futuro de nuestro sistema educativo.

La primera es el nuevo proyecto del Ministerio de Educación sobre la evaluación final de ESO de la LOMCE, en el que se establece que no será la misma prueba para todas las Comunidades Autónomas, como decía el anterior borrador, sino que cada una de ellas elaborará, aplicará y corregirá la suya, por lo que el Ministerio continuará, como ahora, sin poder ejercer ningún control sobre los contenidos que reciben los alumnos ni sobre los niveles que se imparten en los centros, que es el aspecto más importante que pretendía solucionar el actual gobierno con la LOMCE.

Se trata de una grave equivocación, porque es justamente por no existir una evaluación final de ESO con valor académico diseñada, aplicada y corregida por el Ministerio de Educación, por lo que se han generado 17 modalidades de sistema educativo.

Esta falta de control ha sido aprovechada por los partidos independentistas para conseguir que en su comunidad se enseñe su visión de la historia, para excluir el castellano como lengua vehicular, para diversificar artificialmente los currículos y así impedir el uso de libros de texto escritos en castellano, y para reducir al máximo el número de horas dedicadas a la enseñanza de esa lengua.

La única forma que tiene el Ministerio de Educación de evitar que la España que conocemos se transforme en un conjunto de pequeños Estados malavenidos, a cuyos ciudadanos más jóvenes se les habrá inculcado lo que les separa en lugar de lo que les une, es manteniendo la idea inicial de la LOMCE de realizar una misma prueba a todos los alumnos del país al finalizar la ESO, sobre unas mismas materias, con unos mismos contenidos y con un mismo nivel de exigencia.

Además, una evaluación final de la ESO común a todos los españoles acabaría con la causa principal del fracaso de nuestro sistema educativo, que procede de que el modelo LOGSE-LOE, el que tenemos desde los años noventa, establece que las calificaciones finales de la ESO y del Bachillerato las den los propios centros, sin que el Ministerio ni las Consejerías de Enseñanza puedan intervenir.

Al no existir ningún control superior, la competencia entre los centros por conseguir alumnos les ha llevado a tener que aprobar a bastantes alumnos que no llegan al aprobado, para tener suficientes alumnos con los que llenar las aulas de los cursos siguientes, ya que si no lo hicieran, estos se irían a otros centros más permisivos. Y lo peor es que el bajo nivel de exigencia que así se genera, hace que muchos alumnos no se esfuercen y no adquieran hábitos de trabajo ni capacidad de esfuerzo y, en consecuencia, que cada vez se aprenda menos en nuestros centros.

En cambio, si se hicieran las evaluaciones finales de ESO de la LOMCE -el primer año en forma de diagnóstico- cada centro conocería su situación real, los alumnos verían que es necesario esforzarse para aprobar y todo el sistema empezaría a reaccionar y a funcionar. Además, la labor de los profesores sería más gratificante, porque tendrían un alumnado más interesado en aprender.

La segunda noticia preocupante es la negativa de todas las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP a realizar la evaluación LOMCE de 6º de Primaria. Es extremadamente grave que haya responsables políticos que se nieguen a cumplir las leyes que a ellos no les gustan.

Su postura constituye un ataque directo al sistema democrático. Estos políticos debieran darse cuenta de que están poniendo en peligro la convivencia. Lo están haciendo, puesto que en nuestra sociedad no hay ningún problema porque existan muchas y distintas opiniones políticas, pero sí lo puede haber, como ya sucedió en el pasado, si no se cumple la Ley, ni se reconoce la capacidad de gobernar a quienes han ganado las elecciones.

En este caso, además, se desobedece aun siendo una evaluación que elabora, aplica y corrige cada comunidad, con el único objetivo de elaborar un informe orientativo, y sin dificultar el acceso de los alumnos a la ESO.

Por otro lado, ellos mismos están abriendo la puerta a que otros colectivos incumplan sus directrices, cuando estas no les gusten, con lo que el sistema se colapsaría. Ejemplo de ello es la reciente decisión del ayuntamiento de Madrid de sacar sus escuelas infantiles de la red regional, para que no estén "sujetas" a las condiciones "impuestas" por la Comunidad.

Si todos los ayuntamientos hicieran lo mismo, se podría pasar de las diecisiete variantes educativas autonómicas a 8.125 variantes municipales, cada una con su enfoque propio y, evidentemente, sin aceptar ningún control externo al municipio. Unas situaciones absurdas que el Ministerio tiene la obligación de evitar.

La tercera noticia preocupante es el acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE), en el sentido de que la futura evaluación final de Bachillerato, que establece la LOMCE, no sea la misma para todas las CCAA ni dependa del Ministerio, sino que sea parecida a la actual PAU, que es diferente en cada comunidad y que depende de las Universidades. Esto constituye también un grave error.

Primero, porque si el título de Bachillerato permite el acceso a cualquier grado de cualquier Universidad, lo lógico es que todos los alumnos hayan estudiado básicamente los mismos contenidos, con los mismos niveles de exigencia y superando la misma prueba.

Actualmente no es así, por lo que resulta posible que alumnos procedentes de comunidades con menos exigencia en sus PAU pasen por delante de alumnos de la propia comunidad. Segundo, porque no se puede ser juez y parte interesada, y las Universidades, lógicamente, están muy interesadas en que aprueben todos los alumnos que se presentan, para que su profesorado no tenga ningún problema por falta de alumnado.

Esta es una de las razones de que dicha prueba la supere el 94% de los que se presentan. Por último, porque quien conoce los contenidos, los niveles y el alumnado del Bachillerato es el profesorado de Bachillerato, no el de Universidad.

Por ello, si bien, en la comisión responsable de preparar las pruebas, es conveniente que haya profesores especialistas de Universidad, la mayor parte de los miembros deben ser profesores de Bachillerato.

En breve se ha de redactar el texto definitivo del Real Decreto que regulará las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato y sería un grave error por parte del Ministerio de Educación que, en aras de contentar a quienes quieren anteponer sus intereses particulares al bien común del país, cediera a sus presiones. Las grandes medidas de la LOMCE, semejantes a las existentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, estaban bien pensadas, resultan necesarias y deben ser aplicadas.

 

Antonio Jimeno
Presidente del sindicato de profesores AMES
(Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)



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