La Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, es otra de las de leyes caídas en el olvido y el desuso que no se aplican en la vida real. Las consecuencias de la falta de valor, coraje o el más mínimo sentido común por parte de los legisladores y gobernantes de la nación ha permitido el estrangulamiento de la clase empresarial, y supone un serio compromiso de todo el sistema de mercado en el futuro.

A día de hoy la realidad es contundente, la deuda acumulada por el Estado, las empresas y las familias equivale al 250% del PIB, como arrojan los datos presentados recientemente en las jornadas sobre “Mercados de Financiación del Déficit Público” organizadas por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Frente a esta situación, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha puesto sobre la mesa un dato aún más contundente: 2,400,000 pymes se encuentran en una situación de quiebra motivada por el retraso de los pagos. (Esta plataforma la conforman más de 100 asociaciones que representan a 1,1 millones de empresas y 460.000 autónomos que dan empleo a cuatro millones de trabajadores). La respuesta a esta demanda de los autónomos y pymes, auténticos motores de la economía (guste o no), es que sólo las administraciones publicas deben a la pequeña y mediana empresa la friolera de € 30,000 millones.

La crisis económica ha destapado las “vergüenzas” del mercado español mientras las administraciones públicas se aprovechan y participan de la situación, convirtiéndose en auténticas promotoras del retraso en los pagos, que unido con la “sequía” del sector financiero, han acabado con el emprendedor ibérico.

Ejemplo de casos concretos y palpables de esta situación son los del Ayuntamiento de Huelva que cuenta con una deuda de más de 167 millones a empresas proveedoras. En Lérida la  morosidad alcanza los 111 millones de euros en las pequeñas empresas, mientras que la cifra de impagados llega a los 96 millones de euros en lo que va de año en Tarragona.

Las empresas se las ven y se las desean para poder cobrar, Dragados ha perdonado recientemente los intereses acumulados (€600,000) por el retraso en el pago de una obra de Plaza América de Alicante, la alcaldesa de la localidad finalmente acordó abonar a la mercantil € 3,3 millones del edificio antes de final de año tras renunciar esta a los intereses generados por el retraso.

En Galicia otra empresa no ha tenido tanta suerte y espera, todavía hoy en 2009, desde 1993 para cobrar una obra realizada en el corredor de El Faro, puesto que la adjudicataria principal quebró sin haberle pagado a Desmovi (nombre empresa que sufre el impago) los € 265,000 adeudados.

En todos los foros y asociaciones se repite la misma cantinela. La necesidad de reducir los plazos de pagos, especialmente los de las administraciones públicas. Estos se han incrementado en españa a todos los niveles pasando de los 90 a los 120 ó 180 días (últimamente están muy de moda los 220 días), mientras que en la Unión Europa el plazo oscila entre los 40 a los 45 días.

Hasta Izquierda Republicana de Cataluña a través de su portavoz, Juan Riado, ha expresado el apoyo de su partido a la reivindicación de las pymes, pidiendo que se reforme urgentemente la ley contra la morosidad aprobada en 2004, debido a que uno de sus artículos "dificulta su cumplimiento" e impide que disminuyan los casos de falta de pago.

Pocas empresas se pueden permitir el lujo de no cobrar a 220 días mientras se pagan las facturas, los seguros sociales, el IVA, la gasolina y la luz religiosamente cada día. Mantener esta situación de irresponsabilidad en el mercado, supone la puntilla final a los empresarios y autónomos que a duras penas capean el temporal de la crisis.