Las cifras del paro del tercer trimestre del año recogidas en la EPA, la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, presentan un panorama desolador: casi cinco millones de personas están sin trabajo (4.978.300) y elevan hasta el 21,52% la tasa de desempleo.

En tres meses se han sumado a esta lista negra 144.700 personas, casi un 3% más que el trimestre anterior. Son cifras no vistas en España desde los pésimos datos de 1996. Y, según la EPA, el número de trabajadores autónomos baja por primera vez de los tres millones, mientras que el número de hogares españoles con todos sus miembros activos en paro crece en 57.700 con respecto al trimestre anterior, y se sitúa en 1.425.200.

El castigo a los parados de larga duración, aquellos que perdieron su puesto de trabajo hace más de un año, ha sido especialmente dramático, pues su número ha crecido en 40.700 millones.

Son datos que reflejan el rostro más cruel de la crisis, el que afecta directamente a las personas y evidencia la gravedad de la fractura social, y constituyen además una triste fotografía de la situación económica de España. Y es precisamente por ello causa del cambio político que anticipan las encuestas el próximo 20-N.

Mariano Rajoy acertaba ayer al culpar de la situación a la reforma laboral de un partido, el PSOE, que deja un balance de cinco millones de españoles «que quieren trabajar y no pueden hacerlo», lo que es para el líder de los populares «la primera razón para el cambio político».

Por desgracia, la herencia que en sólo siete años de gestión dejan los sucesivos gobiernos del partido que hoy representa el candidato Rubalcaba es, por desgracia, susceptible de empeorar. Al igual que el PSOE heredó una política económica formidable, que le permitió presumir de creación de empleo hasta alcanzar cotas históricas, el próximo Gobierno tendrá que hacer frente en su primer mes de mandato a los resultados de la EPA del último trimestre del año.

Los datos, que corresponderán a la gestión del Ejecutivo socialista, pueden incluso ser más negativos que los conocidos ayer. Porque no parece que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, orientadas al fomento del empleo entre los jóvenes y también entre los mayores de 55 años, así como las prestaciones a los autónomos que pierdan su trabajo, puedan dar mejor resultado que todas y cada una de las anteriores iniciativas «urgentes» del Gobierno.

En lugar de escudarse en los recortes aplicados por las administraciones públicas para explicar el desastre, el Gobierno concentra sus últimas fuerzas en favorecer la campaña de su candidato para que pueda decir algo en los mítines.

Es mejor para Rubalcaba hablar de protección social que afrontar la realidad de haber sido uno de los gestores de una política partidista que pasará a la historia como la gran destructora del Estado del Bienestar, culpable de haber dejado a España en una situación de la que sólo podrá sacarnos otro Gobierno, el que los ciudadanos voten el 20-N.