Sara Castelo Ruano, abogada.

El 20 de diciembre de 2011 la Comisión Europea emitió un comunicado de prensa, en el que se plantearon una serie de cuestiones sobre la modernización del marco de la contratación pública.

Entre ellas, no nos deja indiferente la mención expresa que se realiza a la simplificación de los procesos de selección de los contratistas de la Administración mediante la reducción de las cargas administrativas ligadas a la preparación de los expedientes necesarios para que una empresa se convierta en adjudicataria.

¿Cómo puede explicarse que una empresa quede excluida de una licitación por el simple hecho de incorporar en su papel corporativo el logo acreditativo de la implantación de una norma de calidad? En estos casos, una oferta ventajosa para la Administración no podrá ser examinada por una interpretación excesivamente literalista de la legislación reguladora de la contratación pública.

Tenemos muchos ejemplos similares. Todos ellos derivados de los excesivos requerimientos exigidos por la actual legislación, a las empresas que quieran convertirse en contratistas de la Administración Pública. Pensemos en los gastos notariales, en los gastos derivados de la constitución de las garantías, las tasas por bastanteo de documentos, tasas para la aportación de los certificados acreditativos de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias, etc.

La documentación que un licitador tiene que presentar para que un órgano de contratación examine su oferta, lleva consigo un gasto que -aunque parezca mentira- puede llegar a ser superior que el beneficio que puede sacar con la adjudicación. Este hecho provoca una reducción de la competencia en el mercado y, por lo tanto, que haya empresas que no puedan presentar sus ofertas.

¿Cómo pueden reducirse las cargas administrativas?.

Mediante una reducción de la documentación, por ejemplo:

• A través de la aceptación obligatoria de las "autodeclaraciones", para las cuales el licitador declara bajo su responsabilidad que cumple los criterios que son una condición previa para la licitación.

• La exigencia, sólo al ganador, de aportar las pruebas documentales para demostrar los hechos que declaró en su propia declaración.

• La prohibición a las autoridades contratantes de exigir a los licitadores que vuelvan a presentar documentos que fueron presentados anteriormente en un procedimiento anterior y que continúan siendo válidos.

El requerir que sólo la empresa que haya sido adjudicataria (y no la totalidad de las que se han presentado) deba proporcionar cierto aporte documental, la carga administrativa de las empresas debería reducirse -de acuerdo con los datos de la Comisión Europea- en más del 80%, lo que supone un ahorro de unos 169 millones de euros.

Es un dato que debe ser tenido en cuenta por el legislador.

Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.