EL Gobierno y el PNV han cumplido todos los pronósticos y formalizaron ayer el primer gran acuerdo de la legislatura para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Con los votos de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, el PP debe superar hoy el trance parlamentario inicial, tumbar las siete enmiendas a la totalidad, y conseguir que al menos comience la tramitación de las cuentas públicas hasta su votación definitiva.
A partir de hoy, todos los afanes del PP irán dirigidos a conquistar el voto del único diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, muy proclive al PSOE, cuyo «sí» es imprescindible para asegurar los 176 diputados necesarios, y que la legislatura no caiga en un nuevo bloqueo que conduzca a nuevas elecciones.
Llegará el día de analizar cómo enfoca el PP una negociación con Quevedo que a priori ya debe estar iniciada en secreto. Pero de momento, haber obtenido el respaldo del PNV debe considerarse un logro si se considera que meses atrás el «no» del nacionalismo vasco a cualquier pacto con Rajoy era tajante e inflexible.
El coste de la cesión del Gobierno para conseguir el aval del PNV está cifrado en 1.400 millones de euros, surgidos de un nuevo cálculo del cupo vasco que dejará de ingresar el Estado para el periodo 2007-2016.
Asimismo, se ha cifrado un cupo provisional de 956 millones de euros para 2017, que servirá de base para los cálculos de los próximos 5 años, de modo que básicamente el Gobierno vasco dejará de pagar al Estado más de 300 millones anuales por políticas activas de empleo.
El acuerdo es más amplio. Por ejemplo, el Ejecutivo de Vitoria también ha conseguido que el Estado retire recursos de inconstitucionalidad contra normas aprobadas por el Parlamento vasco. En definitiva, el PNV ha sacado tajada del estado de necesidad del PP, pero sin forzar la negociación hasta un extremo inasumible, a sabiendas de que el Gobierno no haría cesiones con una política penitenciaria favorable a los presos de ETA.
El nacionalismo ha actuado con pragmatismo, con un concepto utilitarista de la política, y con un interesado pero amplio sentido de la responsabilidad institucional, impidiendo que la corrupción lo condicione todo y sea la espita de una bomba que termine por hacer volar la legislatura por los aires.
A su vez, el PP ha demostrado que le queda un margen de negociación para sortear los vetos que la izquierda quiere imponer, aunque es cierto que el coste no es bajo ni deja indiferente al resto de España. Rajoy era consciente de que el PSOE nunca avalaría sus cuentas y bien está que haya encontrado una salida a la encerrona a la que quiso empujarle la izquierda, con el impulso del populismo. Pero igual de importante es que demuestre ahora que gobierna para toda España.
