EL Gobierno debe aprovechar la favorable coyuntura económica para acelerar la senda de reducción del déficit y empezar así a amortizar deuda pública, en lugar de aprovechar la recaudación extra para conceder guiños fiscales que atentan contra el rigor que debe presidir las cuentas públicas.
El Consejo de Ministros reformuló este 7 de julio de 2017 los objetivos de estabilidad presupuestaria después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordara elevar en una décima el déficit de las comunidades autónomas, hasta el 0,4 por ciento del PIB en 2018 y el 0,1 en 2019, retrasando así hasta 2020 el sano equilibrio fiscal.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cedió, una vez más, a las pretensiones de las regiones más manirrotas e irresponsables con el pretexto de recabar el apoyo del PSOE a la votación del techo de gasto que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso, pero no servirá de nada, puesto que los socialistas mantendrán su negativa.
De hecho, todas las regiones gobernadas por el PSOE, salvo Extremadura, rechazaron el nuevo objetivo.
Con independencia de la intencionalidad política que persiga el Gobierno con esta medida, conceder un mayor margen de gasto a las autonomías constituye un grave error.
En primer lugar, porque las comunidades han incumplido reiteradamente todos los objetivos de déficit en los últimos años, dificultando la reestructuración del sector público, además de vulnerar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En segundo término, porque todavía mantienen un gran número de entes y organismos inútiles cuya eliminación aligeraría la carga tributaria sin afectar a los servicios básicos.
Y, por último, porque un mayor déficit también se traducirá en más deuda para el conjunto de los españoles, ya que el Estado posee más del 50 por ciento del endeudamiento autonómico total a través de los mecanismos extraordinarios de financiación.
Lo mismo sucede con la nueva oferta de empleo público que aprobó ayer el Ejecutivo. En concreto, la Administración Central ofertará 20.451 plazas que, sumadas a las 7.969 anunciadas en marzo, hacen un total de 28.420 funcionarios extra para 2017 y 2018.
El error, en este caso, radica en pensar que el simple incremento de gasto y de plantillas públicas se va a reflejar en un mejor servicio cuando, en realidad, la clave para mejorar el funcionamiento de las diferentes administraciones es implementar reformas para elevar su eficiencia y apostar por una buena gestión de los recursos humanos.
Asimismo, si bien la rebaja fiscal pactada con Ciudadanos para favorecer a las rentas bajas es bienvenida, resulta insuficiente, puesto que ignora por completo a las clases medias, que son las que más han sufrido el coste tributario de la crisis y las que pueden contribuir con mayor intensidad a la dinamización de la economía.
Sobran alegrías presupuestarias y faltan rebajas de impuestos y eliminación de gastos superfluos.
