Por fin, tras varios días de idas y venidas, PP y Ciudadanos han llegado a un pacto de Gobierno que sacará al PSOE de la gestión de Andalucía (Las primeras 23 medidas de PP y Cs para Andalucía: Cargarse la administración paralela, echar enchufados y ‘mejorar’ Canal Sur).
Un apretón de manos que, aunque ha sido clausurado in extremis -la XI Legislatura comienza este jueves-, ha respetado la voluntad de los andaluces y VOX, que consiguió 12 escaños el pasado 2 de diciembre, tendrá una silla en la Mesa del Parlamento cedida por los populares para tener «voz y voto» en el devenir de la región (Elecciones Municipales: PP, Ciudadanos y Vox superan por cuatro puntos a la alianza de izquierdas).
Esta rúbrica gubernamental entre Juan Marín y Juan Manuel Moreno Bonilla supone un halo de esperanza y optimismo para los andaluces que quizá, tras la derrota del PSOE, vean de una vez prosperar su economía y, por ende, su Estado de bienestar. Las nefastas políticas económicas del régimen socialista-peronista implantado en Andalucía desde 1982 han dejado al tándem PP-Cs una región devastada a nivel económico y social.
El compromiso de reducir a la mitad la ‘Administración paralela’ de la Junta supondrá un ahorro equivalente a todo el presupuesto de Susana Díaz para fomentar el empleo.
Las cuentas de la Junta de Andalucía para 2018 destinaban 2.183 millones de euros para las políticas de empleo y desarrollo económico. Se calcula que solo el gasto de personal de fundaciones, consorcios, agencias públicas y demás entes -hasta 300- asciende a 5.000 millones.
Estos empleados no acceden a su puesto por oposición, como el caso de los funcionarios.
Ahora, PP y Ciudadanos se comprometen a acometer un programa ambicioso de ajuste, que supondrá un ahorro millonario a la Junta. Según el último informe de fiscalización conocido por parte de la Cámara de Cuentas, correspondiente a 2016, estos organismos tienen una deuda de más de 4.460 millones. La plantilla supera los 23.000 trabajadores.
Desde su llegada al poder, la gestión de los socialistas siempre ha ido destinada a impulsar el sector público -en detrimento de la inversión privada a la que grava con algunos de los impuestos más altos de España-, un hecho que ha tejido un clientelismo tercermundista sin precedentes y ha permitido la aparición de tramas corruptas tan indignantes como las de los EREs.
Las cifras, que son tozudas, ponen en evidencia la necesidad urgente de un cambio político. La tasa de paro, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), asciende al 23%, casi el doble que la media nacional.
El Producto Interior Bruto (PIB) cerrará 2018 con un crecimiento del 2,5% y se desacelerará hasta el 2,1%, según Funcas, una realidad que convierte a Andalucía en la penúltima región en PIB per cápita -sólo por delante de Extremadura- con 18.470 euros anuales por habitante.
Un escenario que es caldo de cultivo para el estrepitoso fracaso escolar de los jóvenes andaluces, pues según el informe PISA, Andalucía tiene una tasa de abandono escolar cinco puntos superior al resto de España y el rendimiento de sus adolescentes es el más bajo del país.
Este pacto entre PP y Ciudadanos es una oportunidad de oro para que el centroderecha modernice Andalucía. El nuevo Ejecutivo regional debe acabar con la política económica del subsidio y crear riqueza tangible para los 900.000 parados que hoy no tienen trabajo en la región.
Solo así podrán dar carpetazo al vergonzante fracaso escolar y brindar una oportunidad real a los andaluces que han hecho una llamada urgente de socorro a través de las urnas.
