Un servicio de inteligencia puede estar en unas manos perversas, en las peores, pero nunca en las de un idiota.

Esta máxima, de aplicación general para todo tipo de regímenes, se hace de oro en los sistemas democráticos y especialmente en los del primer mundo. Naturalmente que lo deseable es que la dirección del servicio secreto recaiga en manos honestas y cabezas inteligentes, dadas las tentaciones y riesgos transversales de los que permanentemente es objeto.

Pero por encima de todo, salvaguardar el Estado de derecho. En España la evolución del servicio de inteligencia desde los tiempos del coronel Ungría, en plena Guerra Civil y del general Beigbeder, un conspirador nato, ha sido dispar y compleja.

Hasta la creación del Seced (Servicio Central de Documentación) a finales de los años sesenta por impulso del almirante Carrero Blanco, la información era generada por la segunda sección del Alto Estado Mayor, La Organización Contrasubversiva Nacional, los servicios policiales y de la guardia civil.
El Seced, adscrito a Presidencia del Gobierno, unificó criterios y desarrolló su actividad en el ámbito sindical y universitario ante el temor de que surgiera un Mayo del 68 español y negoció con los líderes en el exilio una transición pacífica.

La creación del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) en el otoño de 1977 absorbe los servicios del Alto Estado Mayor y del Cesed, pasando a depender orgánicamente del recién creado Ministerio de Defensa.

Su estructura es netamente militar, por lo que al carecer de una ley específica y de controles parlamentarios adecuados, le sitúan en un terreno indefinido y peligrosamente turbio. Se trata de un servicio heredado del régimen autoritario, que ejerce un poder vicario sin regulación ni respaldo democrático, por el que en no pocas ocasiones se va a ver envuelto en operaciones partidistas al servicio del gobierno de turno.

La época de los generales Calderón-Manglano-Calderón, se ha caracterizado por el escándalo, el juego sucio, el delito y la impunidad. Con todo, su mayor tilde fue verse envuelto en el golpe del 23-F, al tomar parte activa en el mismo y meter a Tejero en el Congreso.

De ahí que la primera medida que se tomó en las dos leyes que por fin regulan el marco legal y jurídico del servicio de inteligencia (mayo de 2002), fue cambiar su nombre por el de Centro Nacional de Inteligencia. No obstante y pese a su “civilidad”, el CNI se mueve en un marco legal híbrido, de estructura única, al haberse rechazado la creación de un servicio de inteligencia exterior y otro interior, que, como poco, le resta eficacia y le podría hacer caer en tentaciones de control y poder no deseables.

Tras el paso del diplomático Dezcallar, lo mejor que se puede decir del amigo de Bono que lo dirige en la actualidad, es que hasta ahora su gestión está pasando inadvertida. Lo que no es poco.

Hoy, la prioridad absoluta del CNI, al igual que de la Policía y Guardia Civil, es el terrorismo islamista, especialmente después de la masacre del 11-M.

Pero su balance no puede ser más deficiente ni ineficaz.

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Jesús Palacios es autor de "23F, el golpe del CESID"

Este artículo ha sido publicado el número 100 de El Rotativo, periódico que edita la Universidad San Pablo-CEU.