Cuando el Gobierno Zapatero implantó el carné por puntos esperaba sin duda una reducción del número de accidentes de tráfico, que efectivamente se ha producido incluso por encima de las expectativas, pero también un incremento de la recaudación por sanciones.

En este punto han fallado las previsiones porque el sistema administrativo era demasiado complejo y porque la picaresca nacional ha encontrado el antídoto preciso en las empresas quitamultas, floreciente negocio jurídico cuyo sistema de trabajo se basa en encontrar los resquicios del procedimiento legal.

Escribe Ignacio Camacho en ABC que para cuadrar sus cuentas Interior se ha inventado una nueva ley recaudatoria diseñada para achicarle el campo a las citadas empresas y en la que resulta difícil encontrar el benéfico espíritu salvavidas que inspiraba, con todos sus defectos, la reforma de la seguridad vial.

En plena recesión, el Gobierno se dispone a convertir a los conductores en paganos parciales de su falta de liquidez.

Ha doblado la cuantía de las multas y pretende presentar como un favor la rebaja por pago inmediato.

Ha reducido los tiempos de comunicación para estrechar los plazos de recurso y ha endurecido sanciones que poco o nada tienen que ver con la seguridad como las de aparcamiento indebido, que a partir de ahora pueden significar la retirada inmediata del automóvil por sobrepasar la hora de parquímetro.

Y ha declarado a los propietarios de los coches responsables subsidiarios de las infracciones que se cometan con su vehículo, en una vuelta de tuerca rayana en la inconstitucionalidad que trata de evitar el más usual de los argumentos de las reclamaciones: que el titular no iba conduciendo.

Todo esto tiene poco que ver con la prevención de accidentes y mucho con la voracidad recaudadora de una Administración que necesita dinero.

Empeñada en seguir disminuyendo la velocidad de circulación, que ahora quiere limitar a 30 kilómetros por hora en las ciudades mientras se olvida del debate sobre los insuficientes 120 de las autopistas, la DGT pisa por su cuenta el acelerador de su maquinaria de cobros.

Esta vez no le preocupa la seguridad sino la morosidad y para combatirla se ha aliado con los ayuntamientos, que están endeudados hasta las cejas y aplauden a dos manos sus nuevas facultades exactivas.

El Gobierno ZP que subvenciona la compra de coches para sostener el empleo convierte simultáneamente a los automovilistas en sospechosos habituales y pretende arrebatarles con una mano la subvención que les da con la otra.

Entre multas y restricciones al tráfico, se diría que quiere que la gente compre vehículos para contemplarlos los fines de semana en el garaje.

Con esa cara contrita y dolorida que sabe poner como ningún actor, Rubalcaba ha defendido la nueva norma diciendo que su Ministerio no multa por placer, faltaría más. Tiene razón.

Toda la razón. Multa por necesidad. De pasta.