Toda España asiste estupefacta al espectáculo de la gestión del gobierno en la tragedia del Alakrana. Los pesqueros españoles en Somalia son víctimas de los piratas sin que el Gobierno Rodríguez sepa defenderlos. Pero al otro extremo de África, en el Sahara Occidental, los pesqueros españoles no son víctimas, sino responsables del expolio de la pesca que pertenece al pueblo saharaui. Un expolio cometido con la complicidad de la UE y donde el Gobierno Rodríguez, para variar, tampoco defiende a las víctimas, sino que alienta la pesca ilegal.

En el lenguaje común llamamos piratas a quienes en el mar toman lo que no es suyo.

I. PIRATAS EN EL ÍNDICO: EL GOBIERNO RODRÍGUEZ PAGA A LOS PIRATAS

Los barcos españoles, como los de otras nacionalidades, pescan atún en las aguas del Océano Índico en el Africa Oriental. Y allí están acosados por piratas que que no están defendiendo la riqueza pesquera de esas aguas como algunos pretenden dando una imagen "romántica" de esos individuos. Piratas que no quieren el atún, quieren el dinero. Y no quieren el dinero para repartirlo entre el "pueblo somalí".

El "Alakrana" fue a pescar a una zona de alto riesgo infestada de piratas que lo asaltaron sabiendo que así iban a conseguir dinero fácil conociendo cómo actúa el Gobierno español dirigido por Rodríguez. Y es que años antes el Gobierno Rodríguez había solucionado el secuestro de otro barco español (el "Playa de Bakio") por piratas mediante el "inteligentísimo" procedimiento de pagar el rescate en lugar de intentar acabar con el secuestro por medios más expeditivos y, a largo plazo, más rentables. Con el dinero de ese rescate, y de los demás rescates, los piratas, como es lógico, cada vez proceden a nuevos y más eficaces secuestros.

II. PIRATAS EN EL SAHARA OCCIDENTAL: EL GOBIERNO RODRÍGUEZ Y LA UE APOYAN EL EXPOLIO ILEGAL DE LAS RIQUEZAS DEL PUEBLO SAHARAUI`...

En el otro extremo del continente, en el África Occidental, también hay piratas. Pero ahí los piratas están subidos en los barcos pesqueros y sentados en poltronas de Bruselas y Madrid. Quizá los marineros de estos barcos no sepan que están robando a un pueblo. Pero sí lo saben la Comisión Europea y el Gobierno Rodríguez que impulsó un acuerdo pesquero de la UE con Marruecos mediante el que se paga a este país por pescar en un lugar que ocupa ilegalmente.

El acuerdo pesquero de la UE con Marruecos es la historia de una sucesión de engaños y mentiras a la opinión pública para permitir la pesca en una zona riquísima, el banco sahariano, robando las riquezas a un pueblo al que se expolia al mismo tiempo que se le impide elegir su destino.

Las mentiras fueron groseras. Insultantes. Las más destacables fueron dos:

- la mentira impulsada por el ministro Moratinos aduciendo que Marruecos es la "potencia administradora" del Sahara Occidental;

- y la mentira impulsada por la Comisión Europea de que el dictamen de la ONU de 2002 sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara avalaba la legalidad del acuerdo pesquero de la UE con Marruecos.

III. ... Y LA SOCIEDAD CIVIL PIDE EL FIN DE LA PESCA ILEGAL EN EL SAHARA

El Observatorio por los Recursos Naturales del Sahara Occidental (Western Sahara Resources Watch) ha lanzado una campaña con el lema "DETÉN LA PESCA EN EL SAHARA OCUPADO".

En dicha campaña el WSRW, partiendo de una explicación sobre la situación actual del Sahara Occidental, explica qué significa el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos, denuncia el por qué este acuerdo es inaceptable éticamente, políticamente y legalmente.

Y es que, tras mucho ocultamiento, la Comisión Europea terminó reconociendo lo que no se atrevía a decir, que los barcos europeos pescan en el Sahara Occidental al amparo del acuerdo de la UE con Marruecos.

Para denunciar este hecho es para lo que WSRW ha lanzado su campaña. Para que todos los individuos u organizaciones que deseen poner fin a este expolio hagan llegar su voz a la Unión Europea firmando este llamamiento.

Y es que para poder denunciar a los piratas del Este de Africa conviene no amparar a los del Oeste.

Carlos Ruiz Miguel
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Santiago de Compostela