Los dos principales dirigentes políticos de este país, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el que gobierna y el que aspira a gobernar, el titular y el aspirante, protagonizaron sendos actos de partido el pasado fin de semana con un denominador común: el voluntarismo.

Muy propio de los políticos de hoy que, más que de resolución, son de descripción o de intención. O sea, más de predicar que de dar trigo.

Por soñar que no quede.

Rajoy en Sevilla y Zapatero en Madrid soñaron este fin de semana. Aquél, con una clase política honrada gracias a las cincuenta medidas que el líder del PP acaba de proponer al resto de los partidos políticos para acabar con la corrupción.

Y éste, con una economía nacional sana, competitiva y sostenible, gracias al proyecto de ley que fletará el Consejo de Ministros del viernes que viene con el propósito de instaurar un nuevo modelo productivo.

Bienvenidas sean las buenas intenciones, aunque a estas alturas de la película, con la que está cayendo y con lo que ya hemos visto en los dos campos de actuación, el de una economía en crisis y el de una corrupción galopante en la clase política, me parece muy difícil desprenderse del escepticismo frente a las promesas de quienes dejaron pasar tantas oportunidades de hacer lo que dicen que van a hacer ahora.

Zapatero ha tenido casi seis años para cambiar, o intentarlo al menos, un modelo productivo cuya falta de competitividad y cuya dependencia excesiva del ladrillo tanto han amplificado los efectos de la actual crisis económica.

Seis años perdidos en materia de formación profesional, innovación tecnológica, agilización de trámites administrativos, planificación urbanística (sobre todo en las zonas costeras, que desastre), y todas esas iniciativas que ahora plantea el presidente del Gobierno para conseguir una sociedad competitiva, sostenible, innovadora, moderna y compatible con las políticas sociales propias de un Estado del Bienestar.

En cuanto a la cruzada de Rajoy contra la corrupción, no tiene mayor credibilidad que la de Zapatero contra la crisis económica y por un nuevo modelo productivo.

Sobre todo porque el problema de la lucha contra las malas prácticas del gobernante nacional, autonómico o municipal no es tanto de reformas legales sino de voluntad.

Y la voluntad se demuestra dando trigo y no poniendo sobre la mesa de los otros partidos una agotadora lista de propuestas cuidadosamente clasificadas en cinco capítulos: fortalecimiento de controles institucionales, transparencia en la gestión, objetividad en la gestión pública, control patrimonial de cargos electos, normas de respeto a la voluntad popular (transfuguismo) y eficacia en la lucha contra comportamientos corruptos.

A la lista de tan beneméritos propósitos, lo menos que se le ocurre a uno es preguntarse si es que hasta ahora todas esas cosas que propone Rajoy brillaban por su ausencia.