El Tribunal Constitucional parece haber olvidado que la Justicia, para merecer tal nombre, debe ser inmediata. Mientras los dignísimos miembros del tribunal consensúan menos que más, configuran mayorías y minorías y afirman sin rubor su desvelo y dedicación al asunto, en Cataluña ese Estatut trascendental prosigue imparable su despliegue… y su desastre anunciado.

Un desastre engendrado por el ínclito presidente Maragall, que presa de su mitomanía creó un problema donde no lo había: la reforma estatutaria. Y tras él todas las fuerzas políticas catalanas (excepto el “infame” PP) iniciaron una frenética carrera para ver quién la decía más gruesa.

Quién afirmaba con más rotundidad el histórico-histérico “hecho diferencial”. Y de ahí surgió la “nación catalana”, la obligación de conocer el idioma catalán, la bilateralidad España-Cataluña y el sursum corda.

Carrera hacia el disparate avalada por el presidente Rodríguez Zapatero, que afirmó que apoyaría el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña… en el convencimiento de que el PSC no llegaría al poder.

El Parlament aprobó, el Parlamento español retocó y rebajó lo que pudo y el pueblo catalán, a quien el inmarcesible Estatut le importaba un higo, se fue a la playa en lugar de acudir en masa a las urnas.

Tenemos un Estatut constituyente de la nación catalana… votado favorablemente por un 33% de los catalanes. Fastuoso. El problema, el gran problema, es que ese Estatut que a nadie importaba hoy provocará el efecto de un terremoto en la sociedad catalana.

Al nacionalismo le dará las razones para clamar contra el centralismo, manteniendo la constante del victimismo. Mientras en Cataluña la Administración desarrolla con prisas y sin pausas el Estatut, el Tribunal Constitucional se dedica a componer y descomponer mayorías. Deben de sentirse satisfechos de vivir en las nubes… y cobrar como mortales.

Javier Nart es abogado. Este artículo fue publicado originalmente en La Gaceta.