Hasta ahora, su misión de garante de la Constitución se ha visto doblemente perturbada: por un lado, saturándolo de recursos a cuál más pintoresco que obligan a demorar su resolución; por otro, convirtiéndolo en un supertribunal de apelación que casi siempre lleva la contraria al Tribunal Supremo, hasta en casos tan obvios como la estafa de los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

Para colmo, cualquier ley recurrida entra en funcionamiento antes de que el Constitucional se pronuncie sobre ella, con el lío irreversible que ello supone.

Ése es el caso del Estatut de Cataluña, que lleva ya en vigor tres años mientras los magistrados aún discuten si se trata de un galgo o de un podenco.

Ante semejante situación, todo el mundo se cree con derecho a toquetear el Tribunal y a presionar a sus componentes.

Para empezar, los partidos políticos que pactaron su composición actual y que acobardados, más tarde, han impedido su renovación. Después de ello, ¿existe alguna otra institución tan maltratada como ésta?

Lo peor del caso es que el Tribunal es absolutamente necesario. La prueba: que Cataluña tiene también un Consejo de Garantías Estatutarias para dictaminar si las leyes del Parlament son acordes al Estatut.

O sea, lo mismo que hace el Constitucional en el ámbito español con nuestra norma suprema.

Por consiguiente, si el Tribunal decide al final que el Estatut resulta incompatible con la Constitución, una de tres: o se modifica el Estatut, o se cambia la Constitución, o se liquida el Tribunal, que es lo más fácil.