La llamada "economía sostenible", tal y como ha sido fletada por el Consejo de Ministros, es una manufactura política de difícil digestión. Los sufridos ciudadanos no acaban de ver la relación entre las medidas propuestas y el objetivo a cubrir dentro de diez años: un nuevo modelo económico.

Largo me lo fiáis. Tan largo que lo más normal es que el poder cambie de manos antes de agotarse ese plazo. Y las manos serán justamente las de quienes inicialmente han descalificado sin matices este proyecto del Gobierno Zapatero. O sea, el PP. Las primeras declaraciones de su líder, Mariano Rajoy, una vez alumbrado el proyecto por el Gobierno, no pueden ser más elocuentes: "La Ley de Economía Sumergible es el enésimo anuncio de una cadena de anuncios que solo sirve para empeorar las cosas".

Así que este miércoles, con ocasión de la comparecencia del presidente para explicar la nueva frontera de su reinado, la "economía sostenible", volveremos a vivir otro episodio de la reyerta política permanente entre el titular, Zapatero, y el aspirante, Rajoy, por cuenta de un proyecto de ley con la doble marca de la casa. Por un lado, el insobornable voluntarismo del presidente. Por otro, ese camuflaje semántico que le sirve para nombrar su enésima iniciativa contra la crisis económica.

Incierto futuro el de un proyecto planteado casi como una cruzada general, pues implica a todos los actores políticos, económicos y sociales en un objetivo tan ambicioso como cambiar nuestro patrón de crecimiento. Sin embargo no se detecta en dichos actores un mínimo de motivación para construir el consenso.

En todo caso, si el Gobierno quiere persuadir a los ciudadanos de que esta ley es una oportunidad derivada de la crisis económica, los ciudadanos se preguntarán por qué no se afronta preferentemente lo realmente urgente. O sea, la creación de empleo en un país agobiado por una cifra superior a los cuatro millones de parados y por la necesidad de generar empleo alternativo al que se ha destruido tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Luego están las cuestiones estrictamente técnicas. No es muy creíble una ley que aspira a cambiar el modelo económico sin poner mucho más el acento en educación, energía, sistema fiscal y mercado laboral. Son campos decisivos en la configuración de un modelo productivo. Sin desmerecer la necesidad de actuar también en otros campos, mucho más visibles en el catálogo de intenciones que refleja el proyecto. A saber: la innovación, el funcionamiento de las Administraciones, el oscurantismo de los bancos en la relación con sus clientes (letra pequeña, comisiones, etc), la vivienda de alquiler, la retribución de directivos, la protección del consumidor, la fluidez en la creación de pequeñas y medianas empresas, etc.