Nueva muestra de la retrógrada mentalidad que gobierno en Cataluña. El tripartito quiere sancionar con multas de hasta 10.000 euros a las empresas públicas y privadas que no emitan en catalán las facturas, presupuestos, contratos, publicidad y resguardos, entre otros documentos. ¿Objetivo? Una sociedad monolingüe.

Así lo establece el proyecto de ley del Código de Consumo cuya tramitación ha comenzado en el Parlament con los votos del tripartito y CiU, y con la oposición de PP y el Grupo Mixto.

Las sanciones se considerarán leves, con un importe máximo de hasta 10.000 euros, aunque, en el caso de las empresas que reincidan o que no hayan abonado las sanciones, se considerarán graves, con una multa de 10.001 a 100.000 euros, «cantidad que puede ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuplo valor de los bienes y servicios objetos de la infracción».

El proyecto de ley concreta que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán «las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito y las facturas», entre otros documentos. También se incluyen las instrucciones sobre consumo, especialmente de los datos obligatorios relacionados con la seguridad, y también varios tipos de contratos.