El descrédito de la clase política y de la función de esta en nuestra sociedad se eleva al exponente máximo con medidas como ésta
Cuando el pasado miércoles se admitía a trámite en el Senado, con el voto favorable de socialistas y nacionalistas, la tramitación de una reforma del reglamento de la Cámara que permitirá el uso del gallego, euskera, catalán y valenciano, con su correspondiente gasto económico en intérpretes e infraestructura, sentí rabia por la incompetencia de nuestros representantes. Bien es cierto que la rabia se acompañó de lástima cuando la senadora Pajín confirmó en su intervención que sus dotes idiomáticas son, como preveíamos, similares a las que ya había demostrado como política.
Como presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística había hecho entrega esa misma mañana de un escrito al Presidente de la Cámara y a los portavoces parlamentarios del PSOE y el PP (el día anterior había llegado a todos los senadores), en el que les solicitábamos que se uniesen a una reflexión conjunta previa a la votación para analizar si realmente la ciudadanía reclamaba una medida como esa.
Nuestra petición cayó en saco roto, y con el único rechazo del Partido Popular, los nacionalistas arañaron en la Cámara Alta un nuevo logro en el chantaje constante al gobernante, que ha encontrado en el Partido Socialista al chantajeado más feliz que nuestra democracia haya conocido en treinta años.
Si un golpe de cordura no lo evita en lo que queda de tramitación, la reforma saldrá adelante, y Zapatero podrá guardar en su memoria que los únicos puestos de trabajo que creó en la legislatura son los de los intérpretes que cada mañana irán al Senado a traducir y a permitir entenderse en los plenos a los que en la cafetería seguirán comentando en castellano el partido de la Champions.
Y lo peor es que no hace falta esperar a la aprobación definitiva, ni a la llegada al Senado de los traductores, ni a realizar el gasto de más de 600.000€ anuales, para asumir que el daño que se hace a la Institución es enorme, como confío, será el cobro de responsabilidades que por actitudes como estas los ciudadanos realizaremos algún día.
El descrédito de la clase política y de la función de esta en nuestra sociedad se eleva al exponente máximo con medidas como la aprobada el viernes.
A partir de ahora, quienes reivindicamos las lenguas como elementos de comunicación y no como elementos políticos, quienes no toleramos costear con los impuestos de todos las obsesiones identitarias de unos pocos, vamos a jugar nuestras últimas cartas para que si la lógica pierde la batalla, queden desenmascarados quienes ganaron y pisotearon la razón con un puñado de soldados sinvergüenzas a su mando.
Desde la Asociación vamos a tratar de crear un estado colectivo de opinión que recuerde a los senadores que como tales, su función es la de servir a los ciudadanos, y no la de servirse de estos para alimentar batallas identitarias que no cuentan con la atención ni el respaldo de la ciudadanía. Mantendremos la denuncia en alto para que la sociedad española recuerde que en un momento económico como este, la prioridad de determinados grupos políticos, lamentablemente mayoritarios, es la de despilfarrar el dinero en antojos alejados de la decencia y la moralidad.
Exploraremos si el conjunto de los senadores socialistas y de su propio partido quiere ser realmente cómplice del atropello y reivindicaremos en función de su respuesta el pertinente cobro de responsabilidades políticas. Acudiremos a las instituciones europeas, para saber sus reacciones ante lo sucedido tras las reiteradas peticiones que desde Bruselas invitan al Gobierno de España a contener y racionalizar el gasto público. Y movilizaremos a la opinión pública y a la sociedad española para decir bien claro que no queremos intérpretes en el Senado, sino un Senado que interprete con dignidad el papel representativo que los ciudadanos y la Constitución le hemos entregado.
Pablo Yáñez González
Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística
