El PP está reiterando sus quejas por el carácter progubernamental de algunas actuaciones muy cualificadas del fiscal general del Estado, no solo en asuntos de corrupción que afecten a ese partido, sino también en otros de extraordinario interés público, como lo fueron algunos sumarios contra el entramado batasuno durante la negociación política del Gobierno con ETA, y lo es, actualmente, el «caso Faisán».

El hecho de que estas protestas vengan de un partido político, y al margen de que puedan incurrir en algún exceso verbal, no obsta a la gravedad de las responsabilidades que incumben al Gobierno y a Conde-Pumpido por haber transformado la Fiscalía en un arma arrojadiza contra la oposición y en una mordaza para ocultar la verdad incómoda.

La escandalosa malversación de fondos públicos en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, es el último episodio de la sujeción de la Fiscalía al interés del Gobierno.

No es temerario pensar que si ese fraude hubiera sido cometido por el gobierno popular de Madrid, de Galicia o de Valencia, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción habría consistido en una cadena de detenciones e imputaciones.

El «caso Faisán» ha demostrado el oportunismo de la Fiscalía, que ha pasado de pedir el archivo del sumario a proponer diligencias con las que no sería extraño que pretenda crear un cortafuegos que proteja a los más altos cargos de Interior.

Este es el Ministerio Fiscal que quería el PSOE, y para lograrlo reformó su Estatuto Orgánico, convirtiendo el principio de jerarquía en una forma de caudillaje que entrega el poder al fiscal general, después de haber convertido la Junta de Fiscales de Sala en su gabinete privado -pese a la calidad de muchos, no todos, de sus integrantes-, y el Consejo Fiscal, en un órgano decorativo.

La Justicia necesita reformas estructurales, y no solo en relación con el funcionamiento de los tribunales.

El Ministerio Público se encuentra en su momento histórico de mayor descrédito y, si se produce un cambio de gobierno, su reforma ha de ser prioritaria para que la legalidad y la imparcialidad que proclama la Constitución como principios de su funcionamiento sean reglas de aplicación real, y no meras declaraciones de intenciones.

La Fiscalía, compuesta por excelentes servidores públicos en su inmensa mayoría, es imprescindible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para promover la acción de la Justicia, pero no es su función servir de quinta columna del Gobierno en los tribunales.