Cuando las cosas parecen demasiado claras es cuando hay que ser más prudente. Pero en el escándalo de la SGAE hay algunas situaciones que convocan a la dureza en los enjuiciamientos de opinión desde ahora mismo –Del apoyo a Zapatero de la ceja circunfleja al escándalo de la SGAE. El Gobierno, cómplice por omisión-.
Hace tiempo, en enero de 2010, ( El País se hizo amplio eco de esas informaciones) es decir hace un año y medio, los trabajadores de la SGAE se dirigieron al Ministerio de Cultura para pedir auditorías publicas sobre la contabilidad de la institución. Sus argumentos eran sólidos: había una pendiente de inversiones inmobiliarias que parecían lejos de los objetivos de recaudación de derechos de autor y su reversión a los creadores. Los trabajadores sostenían que la situación se tornaría imposible hasta el punto de que veían peligrar sus puestos de trabajo. Y acusaron la dirección de la institución de uso inadecuado de los recursos que administraban y que no eran de su propiedad.
Nadie hizo caso a aquellos reclamos. El Ministerio de Cultura, responsable de la supervisión de la institución, jamás tomó medidas de control y eso ha permitido llegar a la situación actual sin duda con la complicidad, por omisión, del gobierno socialista.
La situación judicial del grupo de directivos encausados por la Audiencia Nacional es muy grave, en espera de que se produzca una sentencia firme, el aspecto de las cosas es todo menos bueno. Incluso la rueda de prensa que ayer celebraron algunos miembros de la directiva, hizo agua por los cuatro costados. No supieron explicarse con claridad, hasta el punto que un prudente silencio hubiera sido mejor que la confusa falta de explicaciones.
Humanamente es comprensible que los compañeros de Eduardo Bautista, sorprendidos por los hechos, traten de no hacer leña del árbol caído. Pero es una situación difícil de soportar, tanto de los imputados como la de sus colaboradores y amigos, aunque sus dificultades sean de distinto orden
Hay que esperar para hacer pronunciamientos definitivos, pero hay algunos que son inaplazables.
El primero, la insoportable pasividad que ha tenido el Gobierno socialista con este asunto. La situación del ejecutivo es complicada. Los implicados en este escándalo apoyaron públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero en sus campañas electorales.
La ceja circunfleja tuvo como contrapartida un apoyo del ejecutivo y del Grupo Parlamentario socialista a las demandas del canon digital y a la Ley Sinde. En medio de una gran división de la sociedad sobre este asunto, Zapatero respaldó sin pestañear las tesis de la SGAE sobre la recaudación de fondos de derechos de autor que ahora parece que en parte fueron sustraídos de los fines previstos. Y el Gobierno, ni siquiera con las denuncias de los trabajadores de la SGAE, tomó medidas para investigar. ¿Cómo se llama la omisión de vigilancia a los intereses de los amigos que le han favorecido a uno?
Segundo: mi tesis desde el principio del escándalo es que hay que disociar la naturaleza de los derechos de autor y la forma de recaudarlos de la posible apropiación de una parte sustanciosa de los mismos. Pero lo que está claro es que la fórmula ha fallado aunque sea porque los controles no han funcionado. Independientemente de que haya habido delitos o no, el Gobierno no se ha molestado en ejercer un control que por ley le correspondía.
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