El juicio contra Baltasar Garzón quedó visto para sentencia. Después de tres jornadas escuchando las alegaciones de la acusación y la defensa, el Tribunal Supremo deberá dar ahora su veredicto. El juez suspendido se enfrenta en este ocasión a un máximo de 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales -Que hable la Justicia-.

Pero esta causa judicial –la primera de las tres que tiene– contra el juez estrella está rodeada de cierta polémica político-social que ha dividido a buena parte de la sociedad española. Por un lado están los partidarios de Garzón –la mayoría perteneciente al colectivo de la zeja– que ven en este juicio y en los otros dos pendientes, una “persecución” contra un juez que se ha ganado poderosos enemigos al investigar la corrupción del caso Gürtel. Otros argumentan que la fama internacional de Garzón invalida la posibilidad de que sea acusado de un delito procesal y juzgado por un tribunal.

Sin embargo, la popularidad del juez suspendido le viene más por dictar un auto de detención a Augusto Pinochet, que por ser un magistrado riguroso y escrupuloso con la instrucción de los casos y la aplicación de la Ley. Baste recordar que, por un error suyo, quedó libre en 2009 un peligroso narcotraficante. En el polo opuesto de los que piensan que Garzón debe gozar de privilegios, están los que argumentan que nadie está por encima de la Ley. En un Estado de derecho las leyes deben aplicarse sin excepciones, y ello en vez de ser una anomalía, como dijo Carme Chacón demostrando ignorancia y desprecio por la Justicia, es un motivo de tranquilidad y satisfacción para la sociedad.

Garzón se acogió a su derecho de turno de palabra y pronunció un alegato final en el que insistió en los argumentos de su declaración: grabar las conversaciones entre imputados del caso Gürtel y sus abogados
era “la única medida posible” para evitar el blanqueo de dinero, pero que siempre quiso preservar el derecho a defensa de las personas implicadas. Algo difícil de asumir por mucho que el juez suspendido insistiera en que no ordenó ninguna diligencia relacionada con la información obtenida en las escuchas. El mismo juez era quien escuchaba las grabaciones completas y quien decidía qué partes violaban el derecho de defensa, y qué partes no lo conculcaban.

También, los tres abogados de las acusaciones –Choclán, Peláez y Rodríguez Mourullo– expusieron sus consideraciones finales. Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, y autor de la querella que dio origen a la causa, fue el más contundente y pidió al tribunal que establezca los límites que tienen los jueces a la hora de ordenar la interceptación de comunicaciones, porque “el fin no justifica los medios”. Peláez reclamó el derecho a hablar en secreto con sus clientes “por muy rechazables que sean sus conductas”, y añadió que estos comportamientos, refiriéndose al juez suspendido, eran propios de “un Estado policial”.

Desde hace años, la polémica ha perseguido a Baltasar Garzón por sus discutibles actuaciones procesales y políticas. Sin embargo, ahora los hechos son distintos y nos encontramos ante conductas de presunta
prevaricación que pueden acarrear años de inhabilitación. El imperio de la ley es primordial en una democracia y nadie, ni siquiera un juez famoso en todo el mundo, puede saltársela.