El auto que inculpa a Baltasar Garzón por un delito de cohecho impropio está tan fundamentado y es de tal rotundidad que se hace difícil pensar que no acabe sentándose en el banquillo también por este caso.

El magistrado instructor del Supremo, Manuel Marchena, cree acreditado que el juez estrella recaudó 1,2 millones de dólares para sus cursos en Nueva York entre compañías y bancos cuyos directivos estaban entre sus investigados en la Audiencia Nacional, y que las entidades pagaron «en atención a su condición de juez».

Es más, subraya que Garzón se aprovechó de su estatus judicial, pues se dirigía a estas personas con «la seguridad de que nunca iban a denegar el patrocinio». Marchena retrata la actuación de Garzón como una auténtica mordida.

Señala que ninguna de las entidades «exigió justificación detallada» de qué se hacía con su dinero. Dicho de otro modo: pagaban no porque considerasen valiosas las actividades del juez, sino porque quien se lo pedía tenía encausados a responsables o ex directivos de la compañía.

Marchena acredita documentalmente que Garzón tuvo un papel «relevante y decisivo» en la obtención de los fondos, desmintiendo así las alegaciones del acusado, que dijo que nunca pidió cantidad alguna.

Refleja además su doble engaño: «ocultó» al CGPJ que su actividad en EEUU estaba siendo remunerada, y a la New York University que seguía cobrando su sueldo íntegro de la Audiencia.

Garzón, que imputó a Camps por cohecho impropio por trajes valorados en 13.000 euros, deberá defenderse del mismo delito... pero por 1,2 millones de dólares.