El caso Bolinaga se ha convertido en una grieta para el Partido Popular pero, sobre todo, en un auténtico vía crucis para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

No hay día que no reciba un varapalo a cuenta de las prisas por excarcelar al secuestrador de José Antonio Ortega Lara, el etarra Josu Uribetxeberría Bolinaga, enfermo de cáncer de riñón.

Primero fue su compañero de filas, Jaime Mayor Oreja, quien le afeó la manera de gestionar el caso al denunciar que los pasos de Interior dan fortaleza a ETA.

A renglón seguido fue el informe del forense de la Audiencia Nacional el que puso en entredicho la decisión de Interior al considerar que Bolinaga podía ser tratado perfectamente por los servicios hospitalarios de la prisión de Zaballa y que no era necesaria su excarcelación para ser tratado en un hospital.

Un torpedo en la línea de flotación del ministerio, ya que se trataba de un informe serio, sustentado por la firma de un equipo de expertos y que no anteponía motivaciones espurias o intereses políticos.

En esa tesitura, el ministro terció defendiendo la decisión de Instituciones Penitenciarias por su legalidad:

"Si no lo hubiéramos hecho, habríamos incurrido en prevaricación".

Pero en realidad, existe una gran diferencia entre prevaricar y llevar a cabo una decisión política, de modo que el ministro del Interior no puede pretender que se le crea cuando afirma que la decisión de excarcelar a Uribetxeberría Bolinaga ha sido tomada, dura lex sed lex, para no prevaricar.

El ministro olvida que las leyes pueden ser consultadas, y que hay que estar muy aturdido para pretender que todo el mundo entienda que cuando la ley dice que "el Gobierno podrá", se tenga que leer que el "Gobierno tendrá que".

Es muy probable que el ministro no mienta, y que haya hecho lo que se le ha ordenado, pero no por la ley.

Estamos pues ante una chapuza que, claramente, pretende ocultar una claudicación o una pirueta política incomprensible, de tal modo que hasta el propio PP vasco ha tenido que admitir finalmente que Jorge Fernández Díaz ha sido poco hábil y que la excarcelación de Bolinaga "se ha gestionado fatal".

Por si fuera poco, este 27 de agosto de 2012,  la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la libertad condicional del etarra.

El escrito remitido al juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro afirma que "no se cumplen en el momento actual los requisitos exigidos por la legislación vigente" para que el secuestrador de Ortega Lara, enfermo de cáncer, obtenga la libertad.

Por si el caso Bolinaga no fuera suficiente, la puntilla la ponía -también este 27 de agosto de 2012- el caso Bretón: la confirmación de que en la hoguera encendida por José Bretón en la finca de Las Quemadillas, en Córdoba, había restos óseos de sus hijos Ruth y José, fue recibida por la Policía como un auténtico "mazazo".

Aunque oficialmente nadie ha entonado el mea culpa y nadie en el Ministerio del Interior, al menos por el momento, ha asumido responsabilidades, en el seno del Cuerpo había ayer una sensación de frustración tremenda y se reconocía extraoficialmente que el informe emitido por la Comisaría General de la Policía Científica en la que descartaba que en el fuego hubiese restos humanos incurrió en un "error garrafal" al que no encuentran explicación lógica.

Una sucesión de acontecimientos que, además de abrir grietas de desunión en el seno del Partido Popular, ponen en entredicho la gestión de Interior y la coherencia del PP, cuya firmeza y dignidad en su política antiterrorista se puede ver dinamitada por unos incomprensibles compromisos políticos que hacen correr al partido el peligro no sólo de traicionar a los suyos, sino de perder seguidores en un momento crítico ante los próximos comicios en el País Vasco y Galicia.

Todo tiene un límite y, aun en la tentación de mantener la posición, el Gobierno debería rectificar. Como afirma el diario 'La Gaceta',  aún está a tiempo.