La decisión del juez Castro de conceder la libertad condicional al etarra Uribetxeberria Bolinaga pone punto y aparte al caso, aunque no atenúa el escándalo ni la vergüenza.

Como subraya 'El Mundo, la resolución es judicial, sí, pero tomada a instancias del Gobierno, que fue quien clasificó al torturador de Ortega Lara en tercer grado.

El juez ha decidido, además, poner en libertad a Bolinaga en contra de la petición fiscal que considera que el recluso no cumple las condiciones que establece la ley para estos casos, ni se encuentra en situación terminal, a pesar de sufrir un cáncer con metástasis.

Mucha gente se sorprendió de que el juez de vigilancia visitara al preso en su habitación del Hospital Donostia, ya que es un trato de favor que no se concede a otros reclusos.

Con la resolución en la mano se entiende mejor. Castro sostiene que un último informe médico demuestra que Bolinaga está más enfermo de lo que sostenía la forense de la Audiencia.

No hay duda de que el juez hablaría de ello personalmente con los médicos, pero el citado informe no se le trasladó a la forense. Es una actuación discutible que puede ser una de las bazas del recurso de la Fiscalía.

El auto justifica la excarcelación del etarra con dos argumentos jurídicos fundamentales.

El primero tiene que ver precisamente con el diagnóstico médico. En contra de lo que sostiene el fiscal, el juez considera que no es necesario que un recluso esté en situación «terminal» para concederle la libertad.

El segundo es que la «humanidad» y la «dignidad» deben primar sobre «cualquier otra consideración legal». Una afirmación algo arriesgada. Esos principios generales recogidos en la Constitución informan todas las leyes, pero es dudoso que puedan ser invocados por encima del cumplimiento de «cualquier» ley.

Castro le impone una serie de obligaciones, entre otras la de presentarse una vez al mes en los servicios sociales de la prisión para dar cuenta de su estado.

A pesar de que, como sostenía el fiscal, no cumple los requisitos básicos impuestos en el Código Penal para la libertad condicional: la buena conducta y un «pronóstico individualizado y favorable de reinserción social».

Bolinaga no se ha desvinculado de ETA ni ha pedido perdón a las víctimas. El etarra no será puesto en libertad de forma inmediata, ya que el fiscal puede recurrir la resolución.

Al margen de que la interpretación de la legalidad que hace Castro pueda resultar discutible, hay que advertir que este auto no habría sido posible si el Gobierno no le hubiera clasificado en tercer grado, activando las previsiones legales que obligan a la actuación judicial. Y esa fue una decisión política.

Ha quedado suficientemente acreditado que al Gobierno no le asiste la razón cuando asegura que no tenía otro camino. El precepto legal invocado por Interior dice que los reclusos «con padecimientos incurables podrán ser clasificados en tercer grado».

Un mandato facultativo, nunca imperativo. Por tanto, la principal responsabilidad de que el secuestrador de Ortega Lara pueda irse a su casa antes de cumplir la condena es del Gobierno.

Y es con el Ejecutivo con el que las víctimas están «decepcionadas» e «indignadas», tal y como le dice la presidenta de la AVT por carta al ministro del Interior.