JOSÉ Bono lleva ya más de cinco años retirado de la política y dedicado a negocios particulares.
Sin embargo, viene manteniendo una escolta (varios agentes y conductor) y la seguridad de su propio domicilio (encomendada a la Guardia Civil), todo a cargo del erario.
Hasta hace unos meses, era así y no hay constancia de que tal privilegio haya cambiado, pese a que la norma habitual para antiguas autoridades de un determinado nivel es que esa escolta se prolongue como mucho durante dos años. Bono lo ha superado con creces.
Es tan excepcional su situación que, si existiese alguna razón por la que se le deba mantener esa protección, ha de explicarse a la opinión pública.
De lo contrario, si el exministro cree necesitar ese dispositivo por su propia seguridad, lo razonable sería que lo pagase de su bolsillo, pues ya hace un lustro que no ostenta ninguna representación en el Estado.
El silencio en el que se guarece el exrresponsable de Defensa y expresidente de las Cortes en este asunto no encaja con el nivel de transparencia que se exige ahora a los políticos, a los que se reclama el fin de todo privilegio, sobre todo cuando estos se mantienen cuando se ha superado con creces el tiempo establecido para su disfrute a cargo del dinero de todos.
En esto es Bono tan poco transparente como en otros asuntos, como la documentación a la que está accediendo ABC, con nuevas revelaciones sobre los accidentes del Yak 42 y del Cougar, en el que murieron más de cien militares españoles, que demuestran su doble rasero en tan dramáticos asuntos.
Es hora de que José Bono aclare todas esas zonas de sombra y privilegios fuera de tiempo que le siguen rodeando en la rumbosa prejubilación que, en parte, le están costeando los españoles.
