Gracias a la alcaldesa, Manuel Carmena, que puso la alfombra a un discurso golpista disfrazado de aspiración democrática
LA conferencia de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana, este 22 de mayo de 2017 en el Ayuntamiento de Madrid, oficializó la apuesta del independentismo por la ruptura del orden constitucional español.
No hay otra interpretación aceptable en términos políticos y legales. Puigdemont, flanqueado por Oriol Junqueras y Raül Romeva, no dijo nada que no fuera conocido, pero aprovechó la novedad de decirlo en el Ayuntamiento de la capital, gracias a la alcaldesa, Manuel Carmena, que puso la alfombra a un discurso golpista disfrazado de aspiración democrática.
Este nuevo episodio de maridaje entre izquierda y nacionalismo refresca la memoria del Pacto del Tinell y es coherente con las expectativas creadas por la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas. Las piezas del puzle anticonstitucional vuelven a encajar.
La propuesta de Puigdemont no es más que un chantaje: referéndum independentista, con o sin acuerdo con el Estado. Para decir esto no hacía falta ir a Madrid. Pero lo hizo para escenificar el alto grado de osadía con el que el nacionalismo conduce su proceso de ruptura con España.
La respuesta del fiscal general del Estado a la difusión de un proyecto de ley para regular la independencia de Cataluña es el contrapunto adecuado a esta impúdica exhibición de mensajes e iniciativas ilegales e inconstitucionales.
Maza convocó a la cúpula de la Fiscalía para analizar si ese proyecto legislativo contenía indicios de delito. Realmente, en sí mismo es una ilegalidad, penal o no, que revela una actitud contumaz contra el Estado de Derecho.
Antes o después habrá que ir más allá de las resoluciones judiciales que condenan a inhabilitación a los cabecillas de esta trama, para atajar el problema de raíz. Ninguna comunidad está legitimada para utilizar sus poderes contra la Constitución en la que se basan esos mismos poderes. Y si lo hace, la Constitución ofrece la solución.
La conferencia de Puigdemont fue un ejercicio de cinismo, una alabanza de la democracia por parte de quien encabeza un golpe de Estado progresivo. Para saber bien lo que pretenden, mejor fijarse en lo que hacen y no en lo que dicen: control sectario de los medios públicos de comunicación, adoctrinamiento en las aulas, incumplimiento de sentencias, degradación de la democracia y un plan legislativo para fundar una «república catalana» con leyes destinadas a crear un régimen de nacionalismo totalitario.
Puigdemont no se desplazó a Madrid a ofrecer diálogo, sino a exigir la rendición del Estado; a juzgar desde su ignorancia la calidad de la democracia y de la historia de España, y a engañar con un discurso tramposo a los incautos de la izquierda que siguen sin darse cuenta de que en Cataluña no hay más problema de libertades y de democracia que el que está creando el totalitarismo nacionalista.
