Las listas negras garantizarían una adecuada depuración de la función pública
LOS ciudadanos catalanes partidarios de la independencia, especialmente aquellos que forman parte de las clases medias y que han sido votantes tradicionales del nacionalismo democristiano, deberían ir más allá de su sentimiento y preguntarse cómo sería una Cataluña fuera de España.
La respuesta no puede basarse en ensoñaciones decimonónicas, ni en nostalgias del Antiguo Régimen, sino en la constatación de las propuestas que redactan y defienden los estrategas del secesionismo.
Algunos, sobre todo los que se integran en partidos de izquierda, tienen muy claro que la independencia es la antesala de un régimen intervencionista y totalitario. Para otros, simplemente representa la impunidad por la corrupción endémica del nacionalismo.
La prespectiva de una Cataluña independiente es desoladora. Lo que se propone es una república de jueces sometidos al ideario secesionista y expuestos al control político.
La libertad de información sería una quimera, con todos los medios, públicos y privados, adoctrinados en la causa separatista, la única legítima y, por tanto, la única admisible.
El sistema educativo sería una fábrica de nacionalismo identitario, cuyo objetivo principal ya es la eliminación de cualquier referencia común con el resto de España. Los corruptos habrían encontrado la exoneración de su cleptocracia.
Las listas negras garantizarían una adecuada depuración de la función pública. Socialmente, sería un régimen dominado por la izquierda extremista. Si no son suficientes los datos contrastados en las hemerotecas y en los archivos judiciales, la actualidad ofrece, por ejemplo, la imputación judicial de todos los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell.
Quisieron regalar a las juventudes de la CUP un edificio público que había que recalificar para uso deportivo.
La arquitecta jefe se negó y fue represaliada con una degradación de funciones que ha costado a sus responsables una querella por la que tendrán que declarar mañana ante el juez. La funcionaria sufre una persecución feroz del separatismo que le ha provocado la baja.
La perversión de la función pública por el nacionalismo también tiene números. En dos años, el gobierno de Puigdemont ha gastado 54 millones de euros en publicidad institucional para su política independentista, beneficiando principalmente a medios afines al separatismo.
Después de que el TS, en la condena impuesta al exdiputado Homs, dejara abierta la puerta a la acusación por malversación de caudales públicos, la Fiscalía tiene la responsabilidad de perseguir penalmente el destino dado a los fondos de la Generalitat para la financiación del proceso separatista.
Pretenden construir la independencia de Cataluña a partir de un parque temático de delitos, corrupciones y totalitarismo.
