POR el rumbo que han tomado los ediles de Ahora Madrid -desprecio a la ley, abuso de poder, vías de hecho-, la investigación abierta por un Juzgado de Instrucción de la capital contra dos de ellos por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos no será la última.
El equipo de gobierno municipal dirigido por Manuela Carmena ha tomado el Ayuntamiento al asalto, poniendo en práctica sus peores prejuicios ideológicos y una política tóxica de revanchismo.
Y esto tiene su coste legal cuando los medios empleados son los recursos públicos. Dos concejales de Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, pagaron 50.000 euros por cuenta del Ayuntamiento, pero sin atenerse a ningún procedimiento legal, a un despacho de abogados para que denunciara ante la Fiscalía el convenio firmado en su día por Alberto Ruiz-Gallardón y la empresa organizadora del Mutua Madrid Open.
Sin concurso de ofertas, sin justificar su necesidad, sin contar con el servicio jurídico del Ayuntamiento, la actuación de Sánchez Mato y Mayer debería ser suficiente para cesar, pero, además, la admisión de la querella obliga a Ahora Madrid a aplicar su código ético para apartarlos de sus responsabilidades.
El «tramabús» de Podemos se va a quedar pequeño como empiecen a subirse sus cargos investigados por defraudar a un trabajador o malversar dinero público. Ahora hay que confiar en la celeridad de la Justicia porque este caso no es un macroproceso. El asunto es sencillo, así que el celo acusatorio de la Fiscalía anticorrupción tiene oportunidad de mostrar toda su eficacia.
No tardarán los portavoces de Podemos en hablar de persecución, porque ya se sabe que la izquierda siempre se excusa en nombre del pueblo, pero a la Justicia debe resultarle irrelevante este mensaje. Hay 50.000 euros menos en las arcas municipales porque dos concejales han dispuesto de ellos sin autorización ni justificación. Habas contadas para un juez.
