LA gestión política y presupuestaria que han llevado a cabo los independentistas en los últimos años se ha caracterizado por la burda lista de mentiras que han tratado de vender a la opinión pública, con el fin de alimentar su particular utopía, y por la deficiente diligencia que han mostrado en el manejo de los asuntos públicos, perjudicando así tanto el bolsillo como los intereses de todos los catalanes.
Prueba de ello es que Puigdemont y sus exconsejeros han dejado de pagar al menos 152 millones de euros que debían recibir decenas de asociaciones y entidades sociales durante 2017 y 2018, a pesar de que las subvenciones ya estaban aprobadas.
El retraso en el cobro de estas ayudas, cuyo desembolso no se espera hasta principios del próximo año en el mejor de los casos, no solo pone en riesgo la viabilidad de estos organismos, algunos de los cuales ya han empezado a planear despidos, sino que afecta de forma directa a los colectivos más vulnerables de la sociedad catalana, desde discapacitados y mujeres maltratadas a personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
De los 226 millones presupuestados inicialmente, cuya cuantía se divide en 20 líneas de ayuda, tan solo se han abonado hasta la fecha 74 en concepto de anticipo. En cuanto al resto, o bien no han sido pagados en tiempo y forma o bien permanecen bloqueados a la espera de una resolución administrativa que no llega.
Este particular olvido por parte de la Generalitat evidencia la funesta forma de gobernar que han protagonizado los separatistas, ya que toda su atención se ha centrado en culminar su senda ilegal hacia la independencia, en lugar de atender como es debido los problemas reales de la población, especialmente los relacionados con las personas más desfavorecidas.
Lo más grave es que el impago de las subvenciones se ha producido en medio de un gran despilfarro de recursos públicos a cuenta del proceso soberanista, cuyas suntuosas facturas han sido cubiertas con gran puntualidad gracias al dinero de todos los contribuyentes.
Los independentistas han desviado decenas de millones de euros de los presupuestos regionales a la organización del referéndum ilegal del pasado 1-O, así como al mantenimiento de las embajadas catalanas o al reparto de cuantiosas subvenciones a entidades afines, como es el caso de la ANC y Òmnium Cultural, por no hablar de los más de 300 millones de euros al año destinados a promocionar el «procés» a través de los medios públicos de la Generalitat, con TV3 a la cabeza, y demás organismos paralelos.
Puigdemont y los suyos tan solo han gobernado para sí mismos, poniendo todos los recursos de la administración autonómica al servicio de la causa separatista, al margen de los intereses del conjunto de los catalanes.
La tremenda cara que se le ha quedado al separatista de cabecera de Ferreras con el fiasco de la independencia
