Opinión
España y la bandera española. PD

CRENTE a la corriente política y mediática que se está abriendo camino para dar por superada y por inservible la Constitución de 1978 a la hora de afrontar los nuevos desafíos que esperan a España en los próximos años, nos reafirmamos en la idea de que el texto constitucional no solo no está obsoleto, sino que su modificación entraña riesgos que pueden poner en peligro la democracia, tal y como la conocemos desde hace cuatro décadas.

Conviene que España no se haga trampas al solitario en la creencia de que una simple reforma constitucional sería la panacea para todos los males de nuestro sistema. Hay partidos políticos que consideran llegado el momento de una profunda revisión para abrir un nuevo periodo constituyente.

O para superar el estado de las autonomías hacia un estado federal. Incluso, hay quien propone la supresión de la monarquía parlamentaria como sistema idóneo para nuestra nación, en favor de una república.

Abrir el debate de la reforma constitucional sin un previo acuerdo de los partidos mayoritarios sobre hacia dónde caminar, y con qué herramientas es un disparate.

Por mucho que las minorías independentistas griten su insatisfacción, la mayoría de ciudadanos españoles comparten la idea de que España es una única nación y que la soberanía nacional debe seguir residiendo en el pueblo español, y no en los «pueblos de España».

Hay una enorme diferencia entre la actualización de una Constitución que va a cumplir 40 años con solo dos reformas -y ninguna por la vía agravada-, y la apertura en canal de nuestro sistema con el fin de agradar al independentismo, poner en jaque a la Corona, regular como derechos fundamentales derechos sociales, o para restar espacio a la democracia representativa frente a los abusos de la democracia directa.

Carece de sentido iniciar una reforma parcial de nuestra Carta Magna con la idea de que finalmente quede derogada por las exigencias de un populismo sectario. Sería tanto como renegar de las cuatro décadas de mayor desarrollo económico, estabilidad política y madurez democrática de nuestra historia.

Convendría que la Constitución regulase de otro modo muchas de las competencias autonómicas, e incluso el Senado. O que España superase la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al Trono.

No es fácil que partidos favorables a una recentralización de competencias autonómicas se pongan de acuerdo con otros que proponen lo contrario.

No sería comprensible dotar a algunas autonomías de más autogobierno hacia un modelo de Estado cuasi soberanista, o que los Estatutos regionales actuaran como pequeñas constituciones que restaran legitimidad a la Carta Magna. Toda reforma constitucional debe ser de alcance limitado y mayoritariamente pactado. Cualquier otra alternativa sería un error que España no merece.