Opinión
Griñan con Chaves (PSOE). PD

LOS responsables políticos del fraude de los ERE cometido en Andalucía se sentarán en el banquillo el próximo miércoles 13 de diciembre de 2017, cuando comience el mayor juicio contra la corrupción de la historia de España, tras casi siete años de investigación judicial.

Con independencia de cuál sea el resultado final de la sentencia, este caso ya tiene varios récord, cuyo registro pesará cual losa en la memoria del PSOE debido a la magnitud y la trascendencia de los presuntos delitos cometidos.

El primer hito radica en la complejidad del caso, ya que el presente juicio tan solo es una de las partes que conforman la extensa macrocausa relacionada con el desvío irregular de fondos públicos que protagonizó la Junta de Andalucía durante más de diez años, entre 2000 y 2011, tal y como prueban los más de doscientos investigados y la larga instrucción llevada a cabo por los jueces.

La relevancia de los implicados es el factor más destacable, puesto que un total de veintidós ex altos cargos deberán responder ante el tribunal, con los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, seguidos por varios exconsejeros, como es el caso de Gaspar Zarrías y la exministra Magdalena Álvarez, y otros tantos antiguos responsables de la Administración andaluza, acusados de prevaricación, malversación y asociación ilícita, delitos por los que la Fiscalía solicita hasta un máximo de ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.

Además, el fraude de los ERE afecta a una ingente cantidad de dinero público, que el fiscal cifra en 741 millones de euros, uno de los escándalos políticos más sangrantes de la democracia. La cúpula autonómica urdió un opaco sistema para repartir ayudas y subvenciones de forma discrecional y arbitraria entre las empresas que estaban inmersas en procedimientos de despido colectivo, sin ningún tipo de publicidad ni control.

El uso de este particular fondo de reptiles, carente de la más mínima supervisión por parte de los organismos competentes, terminó configurando una trama corrupta de la que se beneficiaron conseguidores, falsos trabajadores, sindicatos, abogados, empresarios y políticos.

Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente y de los más de 120.000 andaluces que, pese a ser despedidos también mediante un ERE durante esos años, no recibieron ningún tipo de ayuda por parte de la Administración.

Los responsables políticos hicieron caso omiso de las advertencias que llevó a cabo la Intervención General de la Junta sobre la irregularidad de dicho sistema, lo cual invalida el supuesto desconocimiento bajo el que pretende parapetarse buena parte de los encausados.

El caso de los ERE evidencia el arraigado clientelismo político y la funesta corrupción institucional que existe en Andalucía tras décadas ininterrumpidas de gobiernos socialistas, pero también que la Justicia actúa, caiga quien caiga.