Opinión
Forcadell renuncia a la indemnización de presidenta del Parlament

LA justicia penal está produciendo un inevitable y satisfactorio efecto depurativo en los impulsos de los dirigentes del proceso separatista catalán. Primero fueron los aforados, con Carme Forcadell a la cabeza, los que renunciaron a la vía unilateral para que el magistrado Pablo Llarena diera por zanjado el riesgo de reiteración delictiva.

Este 11 de nero de 2018 la propia Forcadell se descolgó de la candidatura para presidir de nuevo el Parlament, al mismo tiempo que «los Jordis», Cuixart y Sánchez, entonaban ante el juez Llarena un cántico de alabanza a la legalidad vigente y contra el unilateralismo.

El emergente Carles Mundó renunció incluso a su acta parlamentaria para volver a la actividad de abogado.

No sería prudente ver en estas decisiones una suerte de conversión de los separatistas al orden constitucional, ni un síntoma de abandono definitivo de la vía unilateral. Hay mucho oportunismo táctico y mucha necesidad interna de los nacionalistas. La certeza del proceso penal y de las posibles condenas a prisión que, a no mucho tardar, pueden empezar a caer sobre las cabezas de los dirigentes del proceso de secesión, está poniendo a todos ellos frente al espejo de la realidad.

Una realidad muy sencilla: España es un Estado de Derecho, con instituciones encargadas de aplicar la ley a quienes pretenden romperla. No es la España de la que se reían estos arrogantes separatistas. En la medida en que los investigados difuminen su protagonismo en la nueva legislatura, pensarán que pueden reducir la entidad de su responsabilidad penal.

El nacionalismo está llegando a su límite de resistencia ante los riesgos que conllevaría para su mayoría absoluta mantener en la cárcel o en sus asientos parlamentarios a los cabecillas del 1-O.

La semana que viene se constituye el Parlament y ese día terminarán los juegos de farol entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, es decir, entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La posibilidad de que sus desencuentros acaben en unas nuevas elecciones es verosímil, pero también lo es la de que los dirigentes nacionalistas no imputados quieran soltar lastre antes de poner en el alero de unos comicios la mayoría absoluta lograda el 21 de diciembre. Ya hay unos cuantos caídos por el camino, como Francesc Homs y el propio Artur Mas, así que unos más no debería causar mayor problema.

Lo cierto es que estas renuncias de Mundó, Forcadell o «los Jordis» remarcan la extravagancia absoluta en la que encuentra Carles Puigdemont. Su investidura a distancia como presidente de la Generalitat es inviable.

Cualquier acuerdo de la Mesa del Parlament o del pleno de esta Cámara sería inmediatamente recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y suspendido de forma automática.

Puigdemont ya no es un icono del nacionalismo, sino un problema que acabará obligando a sus compañeros a elegir entre renunciar a su investidura o forzar nuevas elecciones.