Opinión
España, Cataluña, separatismo, independentismo, Constitución. PD

La reacción del Estado español al conflicto separatista en Cataluña está exigiendo un especial compromiso del Poder Judicial, de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, con decisiones que objetivamente se sitúan en los límites de la ley, pero dentro de ella, con la finalidad de evitar la impunidad por unos hechos que, sea cual sea su calificación jurídica penal -sedición o rebelión-, son extraordinariamente graves.

Prisiones provisionales y órdenes de detención para los responsables del golpe contra el Estado, y medidas preventivas constitucionales para el pleno del Parlament, que nunca se celebró, son ejemplos de la necesaria y justificada dureza que ha adquirido la ofensiva judicial contra el separatismo catalán.

Aún resta por llegar la inhabilitación cautelar de los principales dirigentes del proceso unilateral de independencia, que se producirá cuando el magistrado Llarena procese por rebelión a los que están en prisión preventiva.

Y luego, probablemente en otoño, se celebrará el juicio oral, que pondrá el sistema judicial español bajo el escrutinio de opiniones públicas e instituciones internacionales.

Este esfuerzo sin precedentes de las instituciones del Estado de Derecho no debe interpretarse como el plan B del Gobierno y los partidos políticos para frenar al independentismo unilateral, sino como la respuesta coherente y autónoma del Estado ante unos actos de ilegalidad extrema.

Por eso, debería quedar claro que el final de esta historia no puede consistir en unas acusaciones públicas de baja intensidad, ni en un indulto benevolente para el caso de que se impongan condenas a penas de prisión.

Tales expectativas, aun puramente teóricas en el momento actual, serían un acto de deslealtad con el interés general y una incongruencia con el discurso de confrontación que el Gobierno y los demás partidos nacionales constitucionalistas mantienen con el separatismo.

La aplicación de la ley por los Tribunales de Justicia no puede servir para una cosa -castigar el delito- y para su contraria -dejarlo impune-. Los separatistas deberían perder cualquier esperanza de que una relajación política en Cataluña o un mero aparcamiento temporal de sus aspiraciones separatistas recibiría el premio de un borrón y cuenta nueva.

La certeza del castigo, con unas prisiones provisionales que están resultando de lo más rehabilitadoras, es un arma de disuasión para separatistas contumaces y de persuasión para que los demás abandonen la ruptura del orden constitucional. El beneficio del delincuente es recibir justicia de jueces imparciales, en procedimientos legales con todas las garantías.

Ya se encargarán los jueces de introducir los matices que sean necesarios para que la aplicación de la ley sea lo más justa posible. Pero el Gobierno y los partidos políticos que apoyan la reacción del Estado frente al separatismo harían bien en declarar públicamente que a los golpistas sólo les espera el Código Penal, no «gestos» de última hora.